Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reiterado el llamamiento a las bodegas para que respeten los requisitos que garantizan unas relaciones contractuales justas con los viticultores. La organización insiste en que los contratos deben formalizarse en tiempo y forma antes de la entrega de la uva, y que los precios pactados han de situarse siempre por encima de los costes de producción.
La organización subraya la necesidad de que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) intensifique sus actuaciones, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y amparar precios justos para un sector vitivinícola que arrastra más de un lustro de crisis.
Según Unión de Uniones, desde la creación de la AICA el sector del vino ha sido el segundo más sancionado, solo por detrás del de frutas y hortalizas, acumulando el 14 % de las infracciones totales. En lo que va de 2025, un 22 % de las sanciones firmes impuestas corresponden al ámbito bodeguero.
Entre las causas más frecuentes se encuentran la no incorporación del precio en los contratos, el incumplimiento de los plazos de pago, las modificaciones no pactadas y, en la campaña recién iniciada, la inexistencia de contratos previos a la entrega de la uva.
Unión de Uniones advierte de que la indefensión de los productores, el abuso de posiciones de dominio y las perspectivas de una cosecha escasa suponen una amenaza real para la viabilidad de los viticultores, cuyas economías ya se encuentran lastradas por la prolongada crisis del sector.
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