El Consejo ha acordado iniciar este martes un trílogo con el Parlamento Europeo y la Comisión para negociar el mecanismo de salvaguarda del arroz en la Unión Europea ante posibles entradas masivas de importaciones de países terceros. ASAJA ha solicitado que se incorpore en el mandato de negociación la cláusula automática prevista en el artículo 29 del Reglamento del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), dirigida especialmente a los miembros de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento.

Desde ASAJA se advierte que las medidas actuales han resultado insuficientes para proteger al sector frente a las importaciones de arroz con arancel cero procedentes de Asia. Reclaman una herramienta de aplicación directa, sin trámites adicionales, que permita responder de forma inmediata cuando se superen los umbrales establecidos para las importaciones.

Farm Europe, organización de la que ASAJA forma parte, ha señalado que durante la campaña de junio de 2024 a junio de 2025 las importaciones de arroz desde Camboya y Myanmar han aumentado un 13 %, y en el caso del arroz índica, el incremento ha sido del 40 %. Actualmente, más del 60 % del arroz importado a la UE se acoge a aranceles reducidos. ASAJA advierte que estos volúmenes comprometen la rentabilidad de los productores europeos, afectando también a la sostenibilidad de una actividad clave para la economía rural, la cultura alimentaria y la conservación de espacios de valor ambiental.

La organización agraria ha dirigido su petición a los europarlamentarios españoles que integran la Comisión INTA: Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido, Borja Giménez y Nicolás Pascual (PP), Javier Moreno, Lina Gálvez, Hana Jalloul y Cristina Maestre (PSOE), Vicent Marzà (Compromís-Los Verdes) y Hermann Tertsch (VOX). ASAJA subraya la especial responsabilidad de Gabriel Mato en este ámbito.

Además de la cláusula automática, ASAJA exige que todos los acuerdos comerciales de la UE con terceros países incluyan el principio de reciprocidad. Reclaman que los arroces importados cumplan con los mismos estándares fitosanitarios, ambientales, sociales y de calidad que se exigen a los productores comunitarios, argumentando que sin estas garantías se rompe la equidad y se perjudica tanto a agricultores como a consumidores.