La entrada de un barco con 6.000 t de arroz a través del puerto de Valencia ha motivado una nueva denuncia por parte de LA UNIÓ Llauradora. La organización alerta de que esta partida se dirige a la empresa Herba Ricemill, del Grupo Ebro Foods, responsable de marcas como La Fallera, Sos, Brillante o La Cigala, y que cuenta con instalaciones en la localidad de Algemesí.

Ya en abril del pasado año, esas instalaciones fueron escenario de protestas de arroceros ante la elevada cantidad de arroz procedente de terceros países y la falta de salida comercial del producto local. A esta situación se suman los elevados costes de producción que soportan los agricultores valencianos, especialmente por la falta de materias activas autorizadas para combatir plagas, que sí están permitidas en los países exportadores.

LA UNIÓ ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que inspeccione el origen del arroz importado, que realice controles analíticos sobre su composición y que vigile el proceso de envasado tanto en esta empresa como en otras con prácticas similares.

Aunque actualmente los almacenes de arroz en la Comunitat Valenciana tienen pocos excedentes, desde LA UNIÓ advierten de que ello se ha logrado pagando precios bajos a los productores locales. La organización considera que las importaciones buscan presionar a la baja el precio del arroz valenciano, afectando negativamente a la renta agraria.

Además, denuncia la falta de reciprocidad en los acuerdos comerciales de la Unión Europea, que permite la entrada de productos cultivados con sustancias químicas prohibidas en Europa, con menor respeto ambiental y, en algunos casos, vulnerando derechos humanos. Entre las sustancias señaladas se encuentran el Triciclazol y toxinas fúngicas, cuya detección, según LA UNIÓ, debería ser prioritaria en los controles portuarios.

También se critica la falta de claridad en el etiquetado del arroz que llega a las cadenas de distribución. Algunas marcas, según LA UNIÓ, venden arroz importado como si fuera valenciano, amparándose en que está envasado en la Comunitat Valenciana y utilizando imágenes que remiten a esta región, sin indicar el país de origen del producto. Por ello, la organización solicita a la Comisión Europea una revisión normativa para exigir que el etiquetado refleje con claridad la procedencia del arroz.

Para LA UNIÓ, estas prácticas suponen una competencia desleal y un perjuicio directo a los arroceros de la Comunitat Valenciana, además de confundir a los consumidores. La organización considera incoherente que estas empresas apelen a su supuesta identidad valenciana en campañas de marketing mientras optan por importar arroz extranjero que debilita al sector local.

Finalmente, LA UNIÓ insiste en que es necesario garantizar una mayor transparencia en la cadena alimentaria y que los supermercados exijan información detallada sobre el origen del arroz que venden, apostando por productos de proximidad y por las denominaciones de origen. La organización recuerda que apoyar el arroz valenciano es también proteger humedales como el Parc Natural de l’Albufera, cuyo futuro está ligado al mantenimiento del cultivo.