La propuesta de Reglamento de Bienestar Animal en el Transporte, actualmente en tramitación en Bruselas, ha sido objeto de críticas por parte de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), que cuestiona la falta de base científica y el escaso rigor técnico de la normativa. Junto a organizaciones nacionales e internacionales, la entidad ha trasladado propuestas de mejora durante el proceso de enmiendas en el Parlamento Europeo, cuyo plazo concluyó el pasado 10 de abril.

ANICE valora la coordinación alcanzada en la cadena de valor para consensuar una posición común que permita garantizar el bienestar animal sin poner en riesgo la viabilidad del sector cárnico español y europeo.

Efectos desproporcionados sobre España

La Asociación ha destacado que la propuesta penaliza de forma especial a países periféricos como España debido a las restricciones en horas de viaje y temperaturas durante el transporte. Estas limitaciones dificultan el comercio dentro del Mercado Único, particularmente en territorios con grandes distancias como el español.

Según ANICE, las restricciones por temperatura son especialmente gravosas en países del sur como España, que registra 87 días al año con temperaturas superiores a 30 °C y 36 días por encima de 35 °C, lo que obligaría a realizar los transportes de animales en horario nocturno, dificultando su operatividad.

Estas cifras, recogidas en un estudio del Instituto Francés de Porcino (IFIP) con participación de 12 países del COPA-COGECA, sitúan a España como el país más afectado, seguido de Italia y Portugal.

Repercusiones económicas y sociales

La propuesta, según ANICE, aumentaría los costes de producción y reduciría la competitividad del sector ganadero e industrial. En porcino, se estima un sobrecoste de 1.600 M€ anuales a nivel europeo, equivalente a 7,20 € por cerdo o 0,55 €/kg de producto elaborado. Adaptar las explotaciones a las nuevas exigencias supondría una inversión mínima de 4.000 M€.

En vacuno, los costes subirían 220,8 M€ anuales, con una caída de producción del 3 % y una reducción del 25 % en sacrificios, lo que podría llevar al cierre de más de 6.000 granjas. Además, el transporte por carretera aumentaría un 222 %, con un fuerte impacto ambiental.

La obligatoriedad de operar de noche generaría problemas de conciliación laboral, alteraciones en los turnos y mayor riesgo de accidentes en carretera.

Consecuencias sobre la industria y el transporte

La industria cárnica se vería afectada por la menor disponibilidad de animales para sacrificio y la alteración de los canales de suministro. La dependencia española de animales vivos importados, especialmente bovinos, para atender la demanda interna y de exportación, agravaría el problema.

También se prevé una escalada de costes en toda la cadena de valor, ya tensionada por la pandemia, crisis logísticas y cambios arancelarios.

En cuanto al transporte, ANICE advierte de un incremento del 68 % en la flota nacional, un aumento del 177 % en el coste por tonelada-kilómetro en bovino pesado, y un sobrecoste de hasta 85.000 € por vehículo para adaptarse a las nuevas exigencias. Además, los trayectos a matadero podrían reducirse un 35 % y las emisiones de CO₂ superar las 400.000 t/año.

Reducción de la oferta alimentaria y presión sobre la inflación

La entidad considera que la normativa en su redacción actual provocaría una fuerte reducción de la producción ganadera, con menor disponibilidad de carne y productos cárnicos, encareciendo su precio y dificultando el acceso a estos alimentos, especialmente para las rentas más bajas. Esta situación alimentaría la inflación, en un contexto ya marcado por el alza sostenida del coste de la cesta de la compra.