Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante el archivo de la causa contra Félix Solís y García Carrión, muestra su desconcierto por las causas que aluden a un descontrol por parte de toda la cadena.

Unión de Uniones, quien ya en octubre solicitaba la reactivación de la interprofesional de Valdepeñas, califica de vergonzoso lo sucedido y atribuye parte de la responsabilidad de la situación a los representantes del sector en la extinta Interprofesional que estaba aún en funcionamiento durante los hechos denunciados.

La organización explica que el juez en el auto de archivo de la causa por la presunta comercialización de vinos como crianza, reserva o gran reserva sin cumplir los requisitos de elaboración durante los años 2017 a 2019., las numerosas diligencias realizadas  “evidencian la existencia de un descontrol administrativo y supervisor por parte de todos los operadores del sector, esto es, productores, entidades de certificación, y Administración Pública”.

En referencia a los controles pertinentes que la DOP debería haber incardinado, el juez destaca que “tal relajación, interesada o no, en la cadena de producción y supervisión por parte de todos los operadores implicados en el sector, incluida la propia Administración Pública, parece haber conducido a un sistema basado en un control meramente aparente o formal más que real, cuya sanción deberá operar, en su caso, en los ámbitos administrativo y/o civil, pues, como expresa el Ministerio Fiscal en su informe “no podemos sostener una acusación seria en base a suposiciones, por muy firmes que estas” sean”.

Unión de Uniones cree que se trata una vez más, de los efectos de un falso paradigma que desvela cómo determinadas bodegas en base a una neta posición de dominio en el territorio de la DOP, consideran las figuras de calidad, como son las denominaciones de origen vitivinícolas, como su patrimonio exclusivo, ninguneando la importancia que los viticultores tienen en el sostenimiento de su prestigio.

Unión de Uniones considera que esa perversa consideración del patrimonio común que supone una denominación de origen, como una propiedad de las bodegas, es la que erosiona la DO, apoyada por la desidia de las organizaciones agrarias presentes en el Consejo/Interprofesional. “Hay que preguntarse a que se dedicaban las organizaciones agrarias que deberían haber velado por los intereses de los viticultores de Valdepeñas, mientras se producía todo ese descontrol que se señala por parte  del juez”, concluyen.

La organización, a pesar de que la causa siga con su tramitación en vía administrativa, reclama a la Administración Pública, desde la Consejería hasta el Ministerio, que pongan todos los mecanismos que sean necesarios para que se frenen la situaciones de abuso en la cadena alimentaria y se cuiden las DOP para que sigan siendo sinónimo de calidad y no de mala praxis.