Está previsto que en 2027 se prohíba el uso de agua de pozos y acuíferos, lo que supone un grave riesgo para el desarrollo económico, social y medioambiental de zonas como el Altiplano, según ha alertado la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia. Ante esta situación, la Consejería ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático que adopte medidas urgentes para garantizar alternativas de abastecimiento hídrico a las regiones afectadas.

La Consejería destacó que áreas como el Altiplano llevan años demandando soluciones concretas, entre las que se incluye la conexión Júcar-Vinalopó, que permitiría a esta comarca disponer de los recursos necesarios para su desarrollo. Sin embargo, según indicó, el Gobierno central no ha presentado propuestas viables a pesar de la inminencia del problema.

En 2022, el Gobierno regional votó en contra del Plan Hidrológico del Segura propuesto por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), argumentando que el documento no incluía soluciones al cierre de los pozos previsto para 2027. Tres años después, la Consejería lamenta que no se hayan producido avances significativos para abordar este desafío.

El seguimiento del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Segura, vigente entre 2022 y 2027, fue analizado en el reciente Consejo del Agua de la Demarcación del Segura, donde se reiteró que el plan no aporta respuestas consistentes ni realistas a los problemas de la cuenca. La Consejería subrayó la necesidad de que el próximo ciclo de planificación hidrológica contemple soluciones eficaces para la sobreexplotación de acuíferos, el recorte del trasvase Tajo-Segura y la ejecución de infraestructuras para prevenir riesgos derivados de fenómenos como las lluvias torrenciales.

Según las estimaciones, en 2027 el déficit hídrico en la cuenca del Segura podría alcanzar los 400 hm³, resultado del cierre de pozos y los recortes en el trasvase, que juntos sumarían una reducción de 315 hm³. Este panorama, descrito como desolador por la Consejería, pone en evidencia la urgencia de adoptar medidas que garanticen el suministro de agua en la región.

La Consejería reafirmó su compromiso de colaborar con el Ministerio para encontrar soluciones, poniendo a su disposición la experiencia y los estudios técnicos desarrollados en los últimos años. Estas acciones buscan garantizar la sostenibilidad del desarrollo agrario y social en las zonas más afectadas, mitigando los efectos de la crisis hídrica.