La propuesta del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a millones de inmigrantes indocumentados genera una profunda preocupación en el sector agrario, que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante. Según estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), casi la mitad de los trabajadores agrícolas contratados carecen de estatus legal, un problema que podría impactar gravemente la producción y el suministro de alimentos en todo el país.

El sector agrícola, ya afectado por la escasez de mano de obra, sería uno de los más perjudicados por estas deportaciones. Según un informe del USDA, el porcentaje de trabajadores agrícolas sin autorización legal ha aumentado significativamente, pasando del 14% en el periodo de 1989-1991 al 40% en los últimos años.

En estados como California, donde se produce un tercio de las hortalizas y tres cuartas partes de las frutas y frutos secos del país, el impacto sería devastador. Organizaciones como Farmworker Justice señalan que en algunas áreas del estado hasta el 70% de los trabajadores agrícolas son indocumentados. La pérdida de estos trabajadores no solo ralentizaría la producción, sino que también incrementaría los precios de alimentos básicos como leche, trigo y huevos, además de generar una mayor dependencia de las importaciones.

El sector lácteo, que depende en gran medida de trabajadores inmigrantes, se enfrenta a una posible crisis. Según la Federación Nacional de Productores de Leche, el 51% de los trabajadores en granjas lecheras son inmigrantes, y algunos estudios indican que la cifra podría ser aún mayor. Sin esta fuerza laboral, el coste minorista de la leche podría duplicarse, y la economía estadounidense podría perder hasta 32.000 M€.

Además, otros sectores como la producción de frutos secos, hortalizas y cereales también sufrirían, especialmente en estados como California, donde muchas explotaciones agrícolas dependen casi exclusivamente de mano de obra inmigrante.

Programa H-2A

Si bien existe el programa H-2A, diseñado para que los empleadores agrícolas contraten trabajadores extranjeros para puestos temporales cuando no hay suficiente mano de obra local, su capacidad es limitada. Este programa aporta aproximadamente 300.000 trabajadores al año, lo que está lejos de cubrir la posible pérdida de casi un millón de trabajadores agrícolas sin papeles. Además, sectores clave como la industria láctea, la avicultura y la ganadería no califican para este programa, lo que deja a muchas operaciones agrícolas vulnerables ante la escasez de mano de obra.

A la incertidumbre laboral se suma el impacto económico en las familias de trabajadores inmigrantes y en el conjunto de la sociedad estadounidense, que podría enfrentarse a precios más altos y a interrupciones en la cadena de suministro alimentario.