Con el fin de afrontar la crisis que atraviesa el mercado del vino, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han presentado a las Administraciones unas medidas orientadas a limitar la producción, para evitar la sobreoferta y adecuar la producción a la demanda.

Entre las medidas destaca la propuesta de establecer una ayuda financiera al arranque de viñedo, independiente de su posterior replantación o arranque definitivo.

También proponen que después de un período mínimo de tres años y en un plazo máximo de seis años, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo a una ayuda financiera. El agricultor, si así lo decide, podría aprovechar productivamente la superficie objeto de arranque. Si un viticultor arranca de manera temporal y no produce en esa tierra, cobraría anualmente un porcentaje de los ingresos medios de la zona de las últimas tres campañas, hasta que decida replantar o arranque definitivo.

Tras el periodo máximo de 6 años, las OPAs proponen que, si el agricultor decide no replantar, se le asigne una compensación económica definitiva. Esta compensación podría sufragarse con fondos de la UE, de la Intervención Sectorial Vitivinícola que no se hayan ejecutado o de los Estados Miembros. ASAJA, COAG y UPA proponen también limitar los potenciales productivos de los viñedos.

Prohibir las nuevas plantaciones en toda la UE

Las OPAs piden a la Comisión Europea la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación para tres años: 2025, 2026 y 2027. Creen que una medida de este tipo pondría en pausa el aumento del viñedo europeo, evaluaría la evolución del mercado y daría un tiempo a los Estados y a los productores para replantearse sus estrategias nacionales.

También proponen, especialmente para después de 2027, potenciar las acciones de promoción del vino, también al mercado interior; fijar en el 0% la superficie nacional anual dedicada a nuevos viñedos; y potenciar el enoturismo. También se pide a Europa una mayor flexibilidad para que los Estados Miembros puedan activar planes de crisis con más agilidad.