Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) no comparte la opinión de FeNIL (Federación Española de la Industria Láctea) que afirma que “el precio que se paga por la leche a los ganaderos persiste en niveles más altos que el resto de la UE”, días después de la confirmación del “cartel de la leche” por la Audiencia Nacional.

Cabe apuntar que, el Observatorio Europeo de la Leche indica que en la mayoría de los 6 principales productores, el precio subió respecto a noviembre del 2023 (Alemania, Irlanda, Italia, Polonia y Países Bajos, entre un 2%-3% la mayoría y hasta un 10%), mientras que en Francia y España se mantuvo el precio estancado, a pesar de los altos costes de producción. En enero la media nacional fue de 0,517 €/l, lo que supone un descenso de 0,004 €/l respecto a diciembre de 2023 y un precio un 13,69% inferior al registrado en enero de 2023. En opinión de la UCCL, estos datos son totalmente contradictorios a las declaraciones de Luis Calabozo, director general de FeNIL.

Mientras tanto, el número de ganaderos con entregas sigue descendiendo; en enero de 2024 son 9.951 los ganaderos con entregas; 640 menos que el año pasado. Una caída en picado que parece no tener fin desde el comienzo del cartel de la leche.

Por último, UCCL anima a los ganaderos a pedir su indemnización por la infracción que podría ir, por ejemplo, desde los 25.000 € hasta los 35.000 € por año de producción en el período comprendido entre 2000 y 2013 teniendo 100 animales.

Esta infracción ha quedado corroborada por la resolución que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia [CNMC] dictó en 2019 y que la semana pasada, el 21 de febrero, confirmó la Audiencia Nacional; es a raíz de esta ratificación por parte de la Audiencia Nacional que a los damnificados se les abre un nuevo plazo para reclamar. Las empresas infractoras son Calidad Pascual, Central Lechera de Galicia [CELEGA], Corporación Alimentaria Peñasanta [CAPSA], Danone, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada [Puleva] y Schreiber Food España, y las asociaciones del sector, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia [AELGA] y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña [GIL].

No sólo la industria, también la gran distribución contribuye a asfixiar a los productores de leche. En este sentido, la Audiencia Nacional ratificó, también la misma semana, dos multas de la Agencia de Información y Control Alimentario [AICA] a Mercadona por no cumplir con la Ley estatal 12/2013 de la cadena alimentaria. La empresa distribuidora ha sido sancionada por comprar leche a dos de sus principales proveedores de leche para marca blanca por debajo de los costes de producción.

Asimismo, en 2022 Unión de Uniones, organización estatal donde se integra UCCL,  entregó una denuncia, trabajada conjuntamente con un bufete de abogados, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia [CNMC] la cual pedía a este organismo público que investigara y, en su caso, sancionara a tres grandes distribuidoras por fijar precios idénticos en la venta del cartón de leche de vaca UHT de marca blanca, como mínimo, durante tres años y cuatro meses seguidos, desde la semana 51 de 2018 a la semana 12 de 2022. Posteriormente a la presentación de la denuncia, se amplió la información aportada en cuatro ocasiones, logrando el seguimiento de los precios hasta la semana 12 de 2023.

La organización insiste en la importancia de dotar a la AICA de mayores recursos para que pueda hacer una tarea de seguimiento y control mejor que pueda fijar multas que disuadan a la industria y a la distribución de cometer este tipo de abusos que perjudican a los ganaderos y a toda la sociedad.