Miguel Valdés Pastor. Vicepresidente de COITAGRA, Presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Ingenieros Agrícolas, funcionario jubilado del MAPA y agricultor

Está todo para echar a correr. Si hablamos de la agricultura, ni con mecanización funciona. El caso de la almendra, que está mecanizada y con fincas digitalizadas, el precio respecto al año pasado ha bajado un 30% y sin embargo los abonos subieron casi un 200% respecto al 2021, los fitos igual, la energía y combustible más del 100%, la maquinaria alquilada de la recolección pasó de 48 a 60 euros/hora, mano de obra, etc, 

 En definitiva, el precio de venta desde agosto pasado hasta hoy está en torno a 3 euros/Kg grano mientras que en las fincas más eficientes, sus costes de producción mínimos van de 4 a 5 euros/Kg según cifras del Ministerio basadas en la recopilación de datos suministrados por una muestra de fincas representativas de la estructura de explotaciones de frutos secos.

Mientras eso ocurre, los precios al consumidor se han mantenido al nivel del año pasado, que es en torno a 11-13 euros/Kg grano comuna repelada. El coste añadido a los 3 euros/Kg grano que se paga al agricultor por la transformación es como máximo 1 euro/kg, que cubre los gastos de transformación y envasado (30 céntimos el descascarado, 50 céntimos más el repelado y 20 céntimos envasado/embolsado y otros). Por tanto, el precio de la almendra ya pelada y embolsada es de 4 €/kg  como máximo, mientras que  el precio de venta en una tienda cualquiera a retail es 12 euros/Kg, es decir, triplican el precio y al consumidor no le han bajado nada el precio que pagan sobre el año anterior, y eso a pesar de que hay una ley de la cadena alimentaria que dice que está prohibido vender a pérdidas.

Los paganinis del mal funcionamiento de la cadena alimentaria son el agricultor y el consumidor. La inflación de los alimentos es de un 15% de media, mientras el agricultor se queja porque no se le remuneran sus costos y percibe cada vez menos por su producción.

 Ni este gobierno (MAPA y CC.AA.) ni la UE, se ha enterado todavía que el sector, si no tiene viabilidad económica es decir si no hay, en primer lugar sostenibilidad económica ni puede haber sostenibilidad medioambiental ni sostenibilidad social, ya que el sector agrario es el primer administrador del territorio.

Después está el tema de las normativas, que normalmente son elaboradas por sujetos pseudo ecologistas, desconocedores de la realidad que legislan desde su condición de urbanitas, unos ambiciosos planes medioambientales que quieren imponer en unos plazos al sector agrario, sin tener conocimientos para saber si esas medidas con el estado actual de la tecnología agraria pueden o no, ponerse en práctica en los plazos que establecen.

En general son corsés que imponen a los productores, sin tener en cuenta que la viabilidad económica de las explotaciones agrarias, es decir, sin cubrir como mínimo sus costos de producción y además, es también preciso que obtengan un excedente económico para poder invertirlo en modernizar sus explotaciones y para dedicarlo a que su explotación sea más sostenible ambiental y socialmente (dando jornales y trabajo y manteniendo núcleos rurales). 

Estamos en manos de ignorantes e insolventes y por ello, se producen casos como este Koldo que ha afectado a Abalos, que siendo mamporrero y chofer ha tenido poder para comprar para el Estado millones de euros en mascarillas y estar en Consejos de Administración de empresas públicas.