Las organizaciones agrarias de Granada, ASAJA. COAG y UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Granada denunciamos públicamente que la Subdelegación del Gobierno trata de limitar el derecho a manifestarse de los agricultores y ganaderos poniendo condicionantes excesivos a la tractorada convocada para el próximo 14 de marzo, no solo con  el recorte del horario y la reducción del número de tractores participantes a una cifra ridícula, sino a través de la observación estricta de la Ley General de Circulación, sin tener en cuenta las consideraciones especiales debidas a la naturaleza específica de la manifestación que, de por sí, suele producir trastornos y restricciones en la circulación de personas y de vehículos.

Por parte de la Subdelegación del Gobierno se alega, no obstante, la posible obstrucción del tráfico y riesgo de la alteración del orden público, pero los tractores han salido a la calles con el permiso de la autoridad gubernativa en otras muchas ocasiones sin afectar la seguridad vial, mostrando únicamente con estas injustificadas sospechas su falta de talante democrático y el miedo a la crítica.

Los agricultores y ganaderos tienen todo el derecho a manifestarse para expresar su descontento y luchar por mejores condiciones para el desarrollo de la actividad y no puede ser que desde el Gobierno de la nación se intente acallar sus voces en lugar de intentar resolver los problemas que sufre el campo por los bajos precios de sus productos; la competencia desleal con terceros países; la complejidad y endurecimiento de los compromisos de Política Agraria Común; los altos costes de producción de los insumos, fertilizantes y la energía; la falta de mano de obra; la excesiva burocracia o la falta de infraestructuras hidráulicas para combatir la sequía, que está mermando la productividad y rentabilidad de las explotaciones.

Esperamos que se adecúen finalmente las restricciones impuestas a la tractorada del 14 de marzo con la debida proporcionalidad  y no se termine por prohibir solapadamente el derecho del sector a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica y en el ejercicio de su legítimo derecho constitucional, porque no tratamos de hacer un simple paseíllo, sino visibilizar los problemas de los agricultores y ganaderos y exigir medidas de protección.