La empresa Leite Río ha anunciado una bajada de 1ct/l en el precio de la leche en origen hasta marzo de 2024, cuando hace unas semanas aseguraba que era la única firma del sector que estaba revalorizando las aportaciones a los ganaderos, recuerda la organización agraria Unions Agrarias (UUAA) al mismo tiempo que pide explicaciones a la empresa. Para UUAA, llama la atención la diferencia entre las declaraciones de Carmen Lence a los medios, incluso durante la visita del presidente de la Xunta a su planta, con la realidad de las liquidaciones que luego va a las explotaciones.
Sorprende esta bajada en un momento en el que se están registrando subidas de los precios de la leche en todas las zonas productoras europeas, junto con una revalorización de los derivados lácteos industriales. Por ejemplo, la multinacional holandesa Friesland Campina ha subido 4 ct/l.
Las explotaciones gallegas ya sufrieron bajadas en marzo y en agosto de 2023. Ahora, los operadores del mercado lácteo están apuntando a una clara revalorización de la producción, por lo que la actitud de Leite Río carece de fundamento, dice UUAA, que advierte que si no se revierte esta situación, se lanzará una campaña de denuncia contra esta empresa que parece priorizar la mejora de su cuenta de pérdidas y ganancias a costa de la ruina de las explotaciones.
Sin embargo, la UUAA valora muy positivamente que otras empresas de recogida y transformación de leche se hayan comprometido seriamente con los representantes de los agricultores, valorando que una nueva bajada de 3 céntimos del precio de la leche en origen sería letal para los productores.
La eliminación de este recorte del precio de la leche para esta campaña abre el camino para que otras empresas del sector profundicen en su apuesta por las explotaciones ganaderas y ayuden a sostener el principal motor económico de la economía rural gallega.
Finalmente, desde Unións Agrarias se hace un llamamiento a las administraciones para que actúen con decisión contra aquellas empresas que incumplen la Ley de Cadenas y obligan a los productores a vender con pérdidas. El Gobierno y el Ministerio disponen de instrumentos de sobra para evitar que esta situación siga ampliando la brecha de 5 cts/l que separa a los productores gallegos del resto del Estado.
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