Hace unos días, el Pleno del Parlamento Europeo rechazó la propuesta de la Comisión Europea sobre el uso sostenible de fitosanitarios (SUR). Esta semana, la Comisión de Medioambiente del PE ha rechazado la propuesta de la CE para aumentar en los arroces importados el nivel máximo de residuos (LMR) de 0,01 a 0,09 mg/kg del Triciclazol. Esta es una materia fitosanitaria que está prohibida en los arrozales europeos y sin embargo, la propuesta de la CE va dirigida a favorecer que entre más arroz importado de terceros países con más residuos de esta sustancia prohibida. En consecuencia, los europarlamentarios se han posicionado en contra.

“La Comisión de Medioambiente del PE ha dejado bien claro a la CE y a los países del norte que, si no quieren el Triciclazol aquí, no deberían quererlo tampoco en las importaciones que llegan al mercado europeo. O se autoriza para todos los arroces, europeos y no europeos, o se prohíbe para todos”, ha destacado Miguel Minguet, tesorero de AVA-ASAJA y vicepresidente del grupo de trabajo de cuestiones fitosanitarias del COPA-COGECA.

En este caso, Minguet indicó que se ha comprobado que el Triciclazol es esencial para los arroceros valencianos ya que, desde su supresión y ante la falta de alternativas igualmente eficaces, el hongo de la Pyricularia ha expandido sus ataques y ha provocado mermas de producción que alcanzan hasta el 50% en el arroz Bomba, una variedad especialmente idónea para la elaboración de paellas. Tanto es así que, “por culpa de no disponer del Triciclazol en la UE, estamos sufriendo un desabastecimiento de arroz Bomba en nuestros supermercados. Por tanto, no es de recibo que se nos prohíba esta materia tan necesaria y, en cambio, se quiera permitir a los arroces venidos de fuera”, advirtió.

La votación del Parlamento Europeo llega tras la propuesta lanzada por la Comisión y aprobada sin suficientes apoyos el 4 de septiembre en el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del Consejo de Europa, donde 17 Estados Miembros votaron a favor de la medida, casi todos ellos del centro y norte del continente, y el Gobierno español votó en contra. Por el contrario, la propuesta había sido rechazada en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) en su reunión del 10 de mayo y en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo el 19 de julio.