La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha querido recordar cómo tienen que ser las cesiones de derechos de riego. En momentos como el actual, en los que hay restricciones de riego como consecuencia de la sequía, puede haber comunidades de regantes que no utilicen el agua que les corresponde para regar, al no ser suficiente para sacar adelante sus cultivos y que opten por la cesión.

Estos contratos de cesión son una herramienta jurídica recogida en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y utilizada con normalidad en situaciones graves de sequía en España. Se llevan a cabo exclusivamente entre las comunidades de regantes, que tienen que ponerse de acuerdo entre ellas para cederse los derechos de riego unas a otras, sin la intervención de mediadores.

Estos contratos de cesión deberán ser formalizados por escrito y puestos en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este traspaso temporal de los derechos del uso del agua podrá conllevar una compensación económica que se fijará de mutuo acuerdo entre los contratantes, supervisada por la CHG, y, conforme establece la ley, deberá explicitarse en el contrato.

Se trata, además, de una opción voluntaria de los titulares de los derechos, sin que exista imposición alguna por parte de la administración para realizar estas cesiones.

La CHG recuerda que velará por que estas cesiones se produzcan entre comunidades de regantes tal y como establece la ley, con la mayor transparencia, facilitando el mutuo acuerdo entre dichas comunidades y evitando así las posibles injerencias externas.

Denuncian a una entidad privada que quiere ser intermediaria

En la comisión de desembalse del Guadalquivir, celebrada el pasado 7 de abril, se consideró que no era posible desembalsar un volumen de agua suficiente y constante para garantizar el riego del arroz. Con vistas a la posible cesión de derechos, se propuso para todas las hectáreas de arroz una dotación de 1.283 m3/ha

La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) ha denunciado que hay una entidad privada, que pretende asumir una función de intermediación, ofertando los derechos que se ceden a sus asociados a través de una circular, con el precio que dicha entidad ha determinado y sin hacer públicos los criterios de selección de las solicitudes.

Las organizaciones de la MSA consideran que, en una situación tan grave de sequía como la que atravesamos, no se puede mercadear con un bien público como es el agua. Piden la creación de los centros de intercambio de derechos, que ya están previstos en el artículo 71 de la Ley de Aguas.