La UE reaccionó rápidamente a la amenaza que la pandemia de COVID-19 planteó a las cadenas de suministro agrícola y puso en marcha distintas medidas que contribuyeron a limitar la perturbación del sector agroalimentario, según recoge un informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE). No obstante, el informe señala que si en el futuro aconteciera una crisis similar, el apoyo de la UE sería más eficaz si se proporcionaran ayudas más específicas a los sectores y a los agricultores que realmente las necesiten.

La Comisión Europea emitió las directrices sobre carriles verdes relativas a la circulación de mercancías y clasificó a los trabajadores agroalimentarios como «esenciales». Asimismo, estableció rápidamente un marco de ayuda directa de 712 M€ mediante la reasignación de fondos no utilizados del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que proporcionó hasta 7.000 euros por agricultor y 50.000 euros por pyme. También facilitó la concesión de ayudas estatales. No obstante, el informe señala que los niveles de ayuda pública presentaban grandes variaciones entre países de la UE. Así ocurrió respecto de los dos mayores productores de plantas y flores: las ayudas estatales alcanzaron casi el 9 % del valor de la producción de este sector en los Países Bajos, mientras que en España fue muy inferior (0,3 %). Esta diferencia puede crear competencia desleal.

Paralelamente, las ayudas directas no se destinaron suficientemente a los beneficiarios más necesitados, indica el Tribunal. Muchos países de la UE (como Polonia, Rumanía, Grecia, Italia y España) apoyaron a los agricultores de un sector determinado independientemente de que hubieran sufrido o no pérdidas. En consecuencia, es posible que algunos agricultores recibieran ayudas aunque la crisis no los hubiera afectado. Otros recibieron compensaciones excesivas. Por ejemplo, se estima que la compensación recibida por algunos productores de uva de Andalucía podría triplicar el importe de sus pérdidas.

También en la industria vitivinícola, la Comisión aplicó medidas de retirada definitiva (destilación de crisis) o temporal (almacenamiento de crisis) del vino del mercado para reducir la oferta excesiva. No obstante, las grandes diferencias en la concesión de ayudas generaron desigualdad de trato. Los auditores advierten de que esto constituye discriminación entre productores de vino, además de incumplimiento de las normas.