Según indica el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en su informe anual sobre las agencias de la UE, éstas deberían endurecer sus normas y controles para minimizar el riesgo de que los directivos y otros altos funcionarios que cesan en sus servicios ocupen puestos de trabajo del sector privado que puedan llevarlos a un conflicto de intereses y poner en peligro la integridad de las instituciones de la UE.

Las normas de la UE imponen a sus organismos muy pocas obligaciones en cuanto al control del cumplimiento de los requisitos sobre «puertas giratorias» por parte de los miembros antiguos y actuales del personal. Por otra parte, las agencias de la UE, en particular las que tienen competencias reguladoras y vínculos con la industria, están especialmente expuestas al riesgo de «puertas giratorias» por dos razones: en primer lugar, dependen del personal temporal, por lo que tienen altos índices de rotación; y en segundo lugar, su modelo de gobernanza incluye consejos de administración cuyos miembros cuentan con nombramientos de corta duración. El problema es que los miembros del consejo de administración no forman parte del personal de las agencias, por lo que las normas relativas a las «puertas giratorias» no les son aplicables.

A juicio de los auditores, esto crea un vacío legal y lleva a que únicamente se evalúe una reducida fracción de posibles casos de «puertas giratorias». Además, solo unas pocas agencias van más allá de los requisitos legales mínimos a la hora de gestionar posibles situaciones de «puertas giratorias», mientras que la mayoría ni siquiera controla el cumplimiento de las normas por parte de los miembros antiguos y actuales de su personal y, en su lugar, recurre casi exclusivamente a autodeclaraciones.

Los auditores ya han puesto de manifiesto problemas de gobernanza y conflictos de intereses en el ámbito de las agencias de la UE en algunos de sus informes anteriores. El presente informe señala una vez más problemas de gobernanza en relación con las agencias de supervisión de entidades bancarias, seguros y mercados financieros, que dejan abierta la posibilidad de que se favorezcan los intereses nacionales frente a los europeos.

En el contexto de la UE, se entiende por «puertas giratorias» la situación en la que miembros del personal que cesan en la función pública de la UE pasan a ocupar puestos en el sector privado relacionados con sus actividades anteriores. Esta práctica puede crear conflictos de intereses y plantear un riesgo para la integridad de las instituciones de la UE, pues puede producirse una transferencia al sector privado de un valioso conocimiento interno, ya que los exfuncionarios pueden hacer presión a sus antiguos compañeros, o bien los actuales funcionarios pueden estar influidos por un posible puesto de trabajo futuro en otro lugar.