Aunque en un principio parecía un ‘salvavidas’ cuando el Gobierno anunciaba la famosa ‘excepción ibérica’ como una medida limitante del precio del gas en el mercado mayorista, y así paliar la inasumible inflación que los productores agrarios europeos y españoles sufren desde que se desatara el conflicto bélico en Ucrania; la realidad es que en la práctica las facturas de la luz van ‘in crescendo’ debido en parte a este tope del gas, el cual aparte de afectar a hogares y empresas; está ahogando a los regantes donde están experimentando un aumento desorbitado de hasta el 1500´% multiplicando sus facturas, y haciendo inviable el regadío en sus explotaciones agrarias. De hecho, este sobrecoste está previsto que se prolongue hasta el 31 de mayo de 2023.

De esta forma, según establecía el Real Decreto- ley 10/2022, el 15 de junio entraba en vigor esta normativa temporal “supuestamente” para compensar las consecuencias económicas del aumento del precio de la energía, en todos los contratos firmados, renovados o modificados a partir del 26 de abril de 2022. “Lo cierto es que nos lo vendieron como algo fabuloso, y no es más que un nuevo timo del Gobierno que está repercutiendo en los productores de nuestro sector que requieren de un consumo sustancial de la electricidad. Si atendemos a las cifras, este tope del gas se encuentra lejos de compensar estas consecuencias económicas; de hecho, está haciendo tambalear aún más al sector, debido a que el precio del kilovatio tampoco baja en ningún caso, sino que también se incrementa cada mes”, reclama la presidenta provincial Adoración Blanque.

Asimismo, para el sector agroalimentario, y especialmente para el regadío, es fundamental que se instaure definitivamente la discriminación de tarifas que vienen demandando desde el año 2008; los regantes solicitan que se les exima de la obligación de contratar una tarifa única con una elevada potencia, cuando hay meses que el consumo es ínfimo. “Han sido numerosas, a lo largo de los últimos años, las ocasiones en las que desde ASAJA hemos reclamado la necesidad de poner en marcha esta modalidad de contrato con la posibilidad de que nuestros regantes puedan contratar dos potencias distintas a lo largo del año, en función de la necesidad de suministro de energía que requieren sus explotaciones agrarias con el fin de ahorrar en el uso del agua y de la energía”, afirma Blanque.  De esta manera, la evolución de los costes de la electricidad, del gasóleo, fertilizantes y fitosanitarios está mermando las posibilidades y los recursos del sector agroalimentario para continuar con su actividad; debido a que esta cantidad infinita de sobresaltos está dominando la rentabilidad de sus explotaciones.

En la misma línea, la presidenta Adoración Blanque demanda a su vez para la factura eléctrica del regadío, la reducción del IVA del 21% al 5%; independientemente del tramo de potencia que tengan contratada, “consideramos que es una medida conveniente para la economía del país, sin embargo, es vital que también se aplique en la misma medida para nuestro sector, quienes están pagando cinco veces más en algunos casos por su electricidad”, asegura Blanque.

Por este motivo, desde ASAJA-Almería instamos a los agricultores a que revisen con detenimiento sus contratos, y en caso de observar desajustes, hagan las reclamaciones correspondientes debido a que, si atendemos a las facturas que están recibiendo, se puede percibir que en algunos casos los sobrecostes están haciéndose de forma aleatoria sin corresponder a lo que realmente tienen contratado. Por su parte, Blanque insiste y exige tanto al ministerio de Agricultura como al de Transición Ecológica, más medidas fiscales que realmente reviertan esta situación, “retirada del tope del gas, implantación de la doble tarifa eléctrica al riego, bonificaciones que ayuden a rentabilizar la producción, así como una reducción de 16 puntos porcentuales del IVA; si no queremos poner más en peligro aún a un sector con un gran peso económico y social en nuestro país”.