Eurojust, que es la Agencia de la UE para la Cooperación de Justicia Criminal, ha apoyado a las autoridades rumanas e italianas en una investigación que ha concluido con la acusación de cinco ciudadanos italianos acusados ​​de defraudar al menos 800.000 € en fondos agrarios de la UE.

Las autoridades judiciales de Rumanía e Italia se han reunido esta semana en Enna, Italia, para evaluar el equipo conjunto de investigación (JIT) que descubrió el fraude. El caso fue llevado a Eurojust por las autoridades rumanas en 2019. Los cinco ciudadanos italianos supuestamente establecieron empresas ficticias en Rumania para obtener ilegalmente fondos de la UE de la Agencia Rumana de Pagos e Intervención para la Agricultura (APIA) para plantar y vender tomates en 2017. Redactaron y presentaron documentos con información falsa sobre compras de semillas y sobre ventas de tomates.

Según las investigaciones, los fondos de la UE nunca se utilizaron para plantar y vender tomates en Rumanía. Los estafadores transfirieron el dinero a varias cuentas bancarias y finalmente lo retiraron como efectivo de cajeros automáticos ubicados en Italia (principalmente en Nicosia, en la provincia de Enna).

Los cinco ciudadanos italianos parece que habrían cometido múltiples fraudes en el sector agrario en diferentes países desde 2015. Los fraudes se elevan a 21 M€, que desde entonces han sido reinvertidos por los ciudadanos italianos en Rumanía y otros lugares.

Los cinco sospechosos y las empresas que crearon en Rumanía fueron acusados ​​en 2021. Ahora se enfrentan a un juicio en Rumanía por fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea y por formar un grupo delictivo organizado. Asimismo, ​​han sido acusados ​​por la Fiscalía de Enna por lavado de dinero y se enfrentarán a los tribunales en Italia por esta acusación en octubre de 2022.

Eurojust ayudó a las autoridades judiciales rumanas e italianas en el intercambio de información y la coordinación de investigaciones paralelas. En particular, la Agencia brindó asistencia en la emisión y ejecución de órdenes de congelamiento de los activos de los sospechosos y sus empresas.