El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) de Cáceres, en el marco de la operación “Sekai”, ha desarticulado una organización criminal dedicada a una supuesta actividad fraudulenta relacionada con el sector cárnico en la provincia. Han sido detenidas cuatro personas e investigadas otras cinco y se ha procedido a la incautación de 1.790 jamones y paletas, 760 kilos de diferentes embutidos y 4.500 kilogramos de carne congelada procedente del despiece del cerdo ibérico.

Las investigaciones se iniciaron a finales del mes de noviembre de 2020, tras detectarse una actividad inusual en las inmediaciones de una industria cárnica inactiva situada en un polígono industrial de la localidad de Malpartida de Plasencia (Cáceres).

Los agentes averiguaron que se estaban realizando operaciones relacionadas con el sector cárnico, desde las instalaciones de esta antigua empresa, por parte de otra que no se encontraba inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (R.G.S.E.A.A.), y cuya finalidad es la protección de la salud pública y de los intereses de los consumidores, facilitando el control oficial de las empresas y establecimientos sometidos a inscripción.

En dichas instalaciones se estaban realizando operaciones de adquisición, almacenamiento, distribución y comercialización de productos alimenticios de origen animal, eludiendo los preceptivos controles veterinarios por parte de la Autoridad Sanitaria competente, con el fin de introducirlos, irregularmente, en la cadena alimentaria.

Inspección en las instalaciones industriales

Por tal motivo, los agentes del SEPRONA, en colaboración con los servicios veterinarios pertenecientes a la Gerencia del Área de Salud de Plasencia (Cáceres), realizaron una inspección en las instalaciones industriales, localizando en su interior diferentes productos alimenticios cárnicos con la fecha de consumo modificada o rebasada, productos con marcas de identificación sin número de R.G.S.E.A.A. o números de productores o envasadores inexistentes, productos con incumplimientos en lo relativo a fechas de congelación o de consumo preferente, irregularidades evidentes en materia de trazabilidad o marcado e identificación de piezas, según lo establecido en la norma de calidad reguladora de la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico (RD 4/2014).

Por estos hechos se procedió a la inmovilización cautelar de mil setecientas noventa (1.790) piezas de jamón y paletas, tanto acogidos a norma de calidad antedicha, como no, setecientos sesenta (760) kilos de diferentes embutidos, entre los que se encuentran chorizos, lomos, patateras y morcillas ibéricas, y un total de cuatro mil quinientos (4.500) kilogramos de carne congelada procedente, en su mayoría, del despiece del cerdo ibérico. 

En este proceso se prescindía de los controles de carácter sanitario (registros, correcto etiquetado y almacenamiento, incumplimiento o manipulación en lo relativo a fechas de congelación o fechas de consumo preferente e incumplimientos en materia de trazabilidad), constituyendo ello una actividad alimentaria ilícita.

Del mismo modo, los investigadores analizaron la trazabilidad y posible procedencia del género intervenido, constatándose la entrada de productos alimenticios, procedentes de estas instalaciones, a la cadena alimentaria, así como la puesta a disposición de consumidores finales en establecimientos comerciales ubicados en las provincias de Cáceres, Badajoz, Salamanca y Toledo. 

Detenciones e investigaciones

Se ha procedido a la detención e investigación de 9 personas, con el siguiente desglose: 3 detenidos y 3 investigados en la provincia de Cáceres, 1 detenido y 1 investigado residentes en la provincia de Salamanca y 1 investigado residente en la provincia de Vizcaya, como supuestos autores o colaboradores, en la comisión de un delito contra la salud pública en su vertiente alimentaria, además de delitos contra el mercado y los consumidores, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Los agentes han podido constatar que la empresa investigada tenía implicaciones y vinculaciones directas con empresas asentadas en las provincias de Salamanca, Toledo, Badajoz, Vizcaya y Madrid.

Todas las actuaciones policiales han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Plasencia (Cáceres).