El Consejo de Ministros aprobó ayer un nuevo real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, que supone una mejora en las condiciones de sanidad animal y medioambiental. Se trata de una profunda revisión de la normativa vigente hasta la fecha para el sector avícola de carne, que databa del año 2005, y de la incorporación a la misma del sector avícola de puesta, que hasta el momento no contaba con una norma de ordenación específica.

La elaboración de este nuevo real decreto por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha abordado en estrecha colaboración con el sector, comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto. El objeto es la adaptación de la norma a los nuevos retos sociales, económicos, productivos y medioambientales de la producción avícola.

Las principales novedades que recoge la norma se articulan en torno a dos grandes áreas: reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas, con el fin de mantener un estatus sanitario adecuado en las mismas, y adoptar compromisos en materia de medio ambiente, relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio climático.

En este ámbito, la norma introduce la obligatoriedad de que las granjas dispongan de un plan de gestión en estiércoles, para evitar la contaminación del aire y de los suelos, y que formará parte de un plan de gestión ambiental individualizado para cada granja.

La nueva norma introduce también medidas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes, en particular de amoniaco, y de efecto invernadero.  Así, cada graja deberá disponer, de manera individualizada, de un registro de emisiones y las técnicas utilizadas para su reducción (“mejores técnicas disponibles”).

Cabe destacar también la consolidación del marco normativo actual en materia de bienestar animal, para lo que se establecen requisitos horizontales en materia de formación, se incorporan recomendaciones de bienestar animal para aquellas especies que no cuentan con normativa específica de la UE y se exige un plan individual para cada granja, que evalúe los potenciales riesgos para el bienestar de los animales.

Todo ello será posible por la introducción de manera obligatoria de la figura del veterinario de explotación, que será el responsable de asesorar sobre los aspectos relacionados con la sanidad y el bienestar de los animales.

Por otra parte, para mejorar y garantizar el cumplimiento de los requisitos que establece la norma, se introduce la obligación de contar con un sistema integral de gestión en la granja, donde queden recogidos los distintos planes y protocolos implantados en la misma en ámbitos sanitarios, de limpieza, mantenimiento de las instalaciones, bienestar animal, gestión de estiércoles o de distintos residuos, y formación y control de antibióticos, entre otros aspectos.

La publicación de este nuevo real decreto permitirá establecer las bases para el desarrollo ordenado de la actividad de este sector en los próximos años, integrando los principales retos a los que se enfrenta el sector, y que definirán en gran medida su posición competitiva tanto en los mercados mundiales como ante la sociedad.