La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige que la Ley del Cambio Climático y Transición Ecológica obligue a las compañías que importan productos agrarios procedentes de países terceros a calcular y dar a conocer a los consumidores, a través del etiquetado, la huella de carbono que provocan sus envíos desde miles de kilómetros de distancia.

Según la mencionada legislación, el Gobierno establecerá en el plazo de un año la tipología de empresas que tendrán que declarar el impacto medioambiental de sus actividades y, en este sentido, la organización agraria pide que se incluya a las firmas importadoras en este listado por el tremendo impacto que ocasionan, tanto por la emisión de gases contaminantes que genera el transporte de ultramar, como por la gestión agroambiental de las importaciones foráneas que no se ajusta a los altos estándares de la Unión Europea (UE) en uso de agua, fertilizantes o sustancias fitosanitarias prohibidas a los agricultores comunitarios por el riesgo para la salud humana y el medio ambiente.

AVA-ASAJA critica que el texto de la normativa dedicado al transporte marítimo –que concentra la mayoría de las importaciones agrarias procedentes de Sudamérica, Sudáfrica, Asia o incluso Oceanía– se limite a adoptar medidas dirigidas a la reducción de las emisiones por combustibles fósiles “cuando los buques estén amarrados o fondeados en los puertos” y no concreta las “iniciativas estratégicas” que va a promover para lograr unas “cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos”.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, asegura que “la mejor manera de luchar contra el cambio climático es incentivar la agricultura europea y reducir a un mero papel de complemento las importaciones foráneas. Si realmente quisiera proteger el medio ambiente, la clase política debería impedir que los supermercados inunden sus lineales con cebollas venidas desde Nueva Zelanda (a 20.000 kilómetros de distancia) mientras las nuestras se quedan en el campo, o que los cítricos originarios de Sudáfrica (12.000 kilómetros) revienten el inicio de nuestra campaña.”

Aguado agrega que “la agricultura europea ya cumple los niveles ambientales más exigentes del mundo, es el único sector económico de la Unión Europea que ha reducido un 20% sus emisiones en los últimos treinta años y solo representa el 10% de las emisiones, muy por detrás de otras industrias. Cualquier ley ambiental tendría que cuidar a nuestros agricultores y no dejar salirse de rositas a las empresas importadoras cuyo negocio contamina muchísimo más”.

En esa misma línea, AVA-ASAJA valora de modo positivo que la Ley del Cambio Climático fomente “los productos de proximidad”, considerando que la Unión Europea es el mercado de proximidad de los agricultores y ganaderos españoles. Asimismo, a la hora de establecer incentivos por las externalidades ambientales que contempla la Ley de Montes, la asociación solicita que el Gobierno aplique similares medidas de apoyo para el sector agrario por su contribución ambiental.

“Es evidente que quien contamina debe pagar, pero quien descontamina también debe cobrar”, señala Aguado: “La agricultura garantiza una gran capacidad de absorción de carbono. De acuerdo con un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), solo la citricultura de la Comunitat Valenciana tiene una fijación anual neta de entre 800.000 y 900.000 toneladas de CO2. Por el contrario, un campo sin cultivar es un polvorín para incendios forestales, un potencial vertedero y un refugio de fauna salvaje o plagas. Sin duda, no habrá lucha contra el cambio climático ni Pacto Verde sin una agricultura sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también social y económico”.