El Boletín Oficial del Estado publicó el jueves pasado, al fin, la Ley 8/2020 de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Esta Ley supone la ratificación parlamentaria del Real Decreto que, de facto, modificó la Ley de la cadena alimentaria el pasado 25 de febrero.

“Hemos luchado mucho para llegar hasta aquí”, ha reconocido el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Lorenzo Ramos. La publicación en el BOE, aunque ha tardado, es una “muy buena noticia para el campo español” según esta organización, una de las que lideró el movimiento de los ‘Agricultores al límite’.

La Ley 8/2020 ratifica la prohibición de la venta a pérdidas, certificando que ningún eslabón de la cadena puede destruir el valor de un producto, pagando por debajo de su coste. Así mismo, endurece las sanciones para agentes de la cadena que incurran en comportamientos abusivos. También se obliga a dar publicidad a las sanciones para que los consumidores conozcan y sean conscientes de quienes respetan y quienes no a los agricultores y ganaderos.

UPA ha explicado que esta Ley se reforzará aún más con la trasposición de la directiva europea de prácticas comerciales desleales, que se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario. Un proceso en el que UPA participará activamente y en el que advierte que no consentirá “ni un paso atrás en ningún aspecto de la Ley”.

Cambio fiscal en las ayudas a jóvenes agricultores

La nueva ley recoge también una demanda fuertemente exigida por UPA, como era que los jóvenes agricultores y ganaderos no tuvieran que tributar a priori por las ayudas a la incorporación, provenientes de la Política Agraria Común. Ahora la tributación se hará año a año, y no en el primer ejercicio, “corrigiendo el sinsentido que obligaba a los jóvenes a tributar por una subvención aún no recibida”.