Las Organizaciones Profesionales Agrarias ASAJA, COAG y UPA han emitido un comunicado de prensa conjunto ante la inminente finalización de la tramitación en la Asamblea Regional de la Ley de Protección Integral del Mar Menor y de  las decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura en el que reclaman (se reproduce en su integridad):

1. Quieren dejar constancia de nuestro pesar por el deterioro del Mar Menor y nuestro compromiso con su recuperación. Por esta razón, exigimos el cese de los ataques que, en no pocas ocasiones con evidente menosprecio a la dignidad de los agricultores y ganaderos, persisten de forma obsesiva e irracional no sólo en responsabilizar casi en exclusiva al sector agrario del estado del Mar Menor, sino incluso en presentarlo ante la sociedad como el principal enemigo para su recuperación.

Puertos, urbanizaciones, construcciones residenciales (algunas de ellas sin conexión a alcantarillado), redes de saneamiento obsoletas con pérdidas y filtraciones “a pie de playa”, vertidos mineros, actividades náuticas a motor, depuradoras de insuficiente capacidad… sin obviar el grave daño por no haberse puesto en marcha medidas que corrijan los efectos de las lluvias torrenciales sobre la laguna, constituyen presiones sobre el ecosistema del Mar Menor y aportes contaminantes que sistemáticamente son minimizados cuando no directamente ignorados por quienes se obsesionan en poner a los productores de alimentos en el centro de la diana social; quien sabe si tratando de sacudirse su parte alícuota de responsabilidad en la deriva del Mar Menor, ya sea por acción o por omisión.

2. Reiteran también, aunque por obvio debería ser innecesario, que del mismo modo que el deterioro medioambiental del Mar Menor es consecuencia de la acción de distintas actividades, su recuperación sólo será factible implementando medidas a todas las actividades del entorno. Por ello, hacer creer que actuar esencialmente sobre la agricultura salvará el Mar Menor es una irresponsabilidad. Las expectativas generadas en la sociedad se verán frustradas.

3. Lamentan y condenan que la deficiente actuación de las administraciones durante décadas (por ejemplo no ejecutando o paralizando actuaciones e inversiones previstas en los Planes de Cuenca, no asegurando un desarrollo urbanístico ordenado, etc.), así como su muy deficiente colaboración y cooperación institucional persistan pese a la gravedad de la situación. Resulta urgente un punto de inflexión para afrontar de forma compartida las medidas previstas en el Plan Vertido 0.

4. Rechazan las críticas tendenciosas y malintencionadas a cada propuesta del sector agrario de introducir mejoras en la redacción de la Ley para la protección integral del Mar Menor sustentadas en las soluciones técnicas y el conocimiento científico, mientras se aplauden alternativas “homeopáticas” sin ningún rigor científico desde posiciones dogmáticas.

5. Incurren en grave desconocimiento o directamente en “mala fé”, quienes desprecian o ignoran las mejoras introducidas por los agricultores en sus prácticas agrarias y técnicas de producción con costes elevadísimos a lo largo de los años que vienen reduciendo la “huella medioambiental” de la actividad agraria. Habría sido deseable que otras actividades hubieran corregido su impacto en el mismo nivel que lo ha hecho la agricultura durante este tiempo.

6. Lamentan que no sólo no se reconozcan las mejoras introducidas por los agricultores, sino tampoco su importante contribución a la gestión de las aguas residuales urbanas regeneradas mediante su dilución y reutilización en el regadío. ¿Cuál sería el destino de las aguas residuales de las poblaciones que rodean el Mar Menor si no se reutilizaran por los agricultores?

7. Resulta inconcebible por ridículo, que se pretenda hacer creer que un producto ecológico necesite menos nutrientes para ser cultivado que uno convencional, del mismo modo que el empeño enfermizo de quienes pretenden demonizar el regadío más eficiente como fuente sostenible de producción de alimentos sanos, seguros y de calidad. ¡Parece que ni siquiera de la garantía de abastecimiento de alimentos durante el confinamiento hemos aprendido ninguna lección!

8. Condenan sin paliativos las superficies ilegales de regadío. Sin matices. Sin medias tintas. Por ello exigimos la actuación comprometida y eficiente de las administraciones en cumplimiento de la Ley para que la noticia sea su erradicación y reivindicamos con firmeza disponer de agua suficiente, de calidad y a un precio razonable y rechazamos y rechazaremos cualquier actuación dirigida a reducir los recursos hídricos disponibles para la agricultura.

9. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima celebrada en Madrid el pasado mes de Diciembre (COP25) pedía que los países escucharan a la ciencia para combatir el cambio climático, la ciencia y no los antivacunas hará que superemos la Pandemia mundial por COVID-19 ¿Vamos a mejorar la sostenibilidad medioambiental de la agricultura ignorando la ciencia?

10. Finalmente, abogan por que la Ley de Protección Integral del Mar Menor sea aprobada en la Asamblea Regional por un amplio consenso parlamentario, que debería suponer la mejor expresión de la inequívoca voluntad de todos los ciudadanos de la Región de Murcia de que se den pasos firmes en la recuperación medio ambiental del Mar Menor y en su configuración final, como representantes del sector agrario murciano quieren  llamar la atención de los legítimos representantes de toda la ciudadanía murciana, los diputados y diputadas, para que sean sensibles a las aportaciones y propuestas presentadas por el sector agrario y tengan en consideración los siguientes puntos:

Aspirar a una agricultura sostenible ambientalmente implica apostar por una agricultura viable económicamente.

Legislar con pasión en pos de loables objetivos, en muchos casos compartidos por la mayoría de los ciudadanos, no debe ser incompatible con legislar de la mano de los conocimientos científicos y técnicos.

Los tipos de alimentos que se producen no los imponen los agricultores, los deciden los consumidores (cuando no la distribución agroalimentaria). Por ello, el crecimiento de la agricultura ecológica o la agricultura biodinámica será consecuencia del comportamiento de la demanda y no de la oferta. Promover, estimular e incentivar su consumo debería ser una estrategia a tener en cuenta.

La imposición de restricciones, la pérdida de derechos o la implantación de nuevas medidas que agudicen la sostenibilidad deben acompañarse de compromisos de apoyo públicos.

La imposición de medidas que desequilibren la viabilidad económica de la actividad agraria dañará antes a los más débiles: los pequeños y medianos agricultores y las explotaciones familiares, ligadas al territorio, que no tienen la opción de irse a producir a otras zonas, regiones o países. También aquí, la transición debe ser justa y no dejar a nadie en el camino.