La Junta de Castilla y León aprobó ayer un Decreto, elaborado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que declara 24 zonas vulnerables integradas por 387 municipios, frente a las 10 zonas y 67 municipios que contenía el decreto anterior 40/2009. Es una propuesta muy ambiciosa, que aumenta en más de 10.000 kilómetros cuadrados la superficie de la Comunidad declarada como zona vulnerable, pasando de 2.340 kilómetros cuadrados a 14.414. Esto supone tener una figura de protección sobre el 15 % de la superficie de la Comunidad, que representa el 20 % de la superficie agraria útil de Castilla y León.

Las 24 zonas vulnerables incluidas en el anexo I del Decreto, que afectan 387 municipios, se distribuyen por  provincias de la siguiente manera: Ávila, la Moraña; Burgos, zonas de Aranda de Duero, Aluvial Miranda de Ebro, Aluvial del Oca, Aluvial del Tirón, Castrojériz-Villadiego, Ibeas de Juarros y algún municipio de la zona de Páramo de Esgueva; León, la zona Páramos de León; Palencia, zona Campos-Astudillo, Páramo de Esgueva y Páramo de Torozos; en la provincia de Salamanca, las zonas vulnerables son Armuña-Peñaranda, Armuña-Salamanca y Campo Charro; en Segovia, están incluidas las zonas Churrería, Arenales y Cantimpalos-Segovia; en Soria, las zonas Ágrada-Ólvega, Almazán y Fuentes Cantos; Valladolid presenta la zona de Arenales, Churrería, Medina, Páramo de Esgueva, Páramo de Torozos y Tordesillas; y finalmente Zamora, cuenta como zonas vulnerables Villafáfila y Zamora.

Las zonas vulnerables incluyen no solamente a aquellos municipios donde se detecta la contaminación, sino que incluye otros municipios próximos, ya que la contaminación puede estar introduciéndose en un sitio y detectándose en otro.

El Decreto aprobado, que revisa el Decreto 40/2009 y es exigencia del Directiva Nitratos de la UE, ha sido fruto de  un largo proceso que ha pretendido recoger todas las evidencias científicas detectadas, así como los intereses y sensibilidades de todos los sectores de la Comunidad.

Código de Buenas Prácticas Agrarias

Con el Decreto se ha aprobado también el Código de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA), cuyo objetivo es poner a disposición del sector agrario la información necesaria para que la actividad que se desarrolle no perjudique la capacidad edáfica de los suelos – es decir su naturaleza y composición, como su  pH, humedad, contenido de nutrientes, composición química, etc.-  , y mantenga la calidad de los mismos, mejore la productividad de los cultivos, adopte medidas preventivas frente a la contaminación nitrogenada de las aguas; en definitiva, para que realice una actividad agrícola racional.

La implicación para los agricultores afectados es básicamente que deberán desarrollar planes de fertilización que tengan en cuenta todos los aportes de nitrógeno que tiene el cultivo, como por ejemplo, los nitratos en las aguas de riego, restos de las cosechas anteriores o de anteriores aportes, etc., todo ello con la finalidad de evitar aportar excesos de nitrógeno en los cultivos, que son los que provocan esta contaminación.

El CBPA tiene carácter obligatorio en esas zonas y voluntario en el resto, aunque la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dispondrá de un plazo de un año para tras la publicación de la Orden que apruebe el programa de actuación para las zonas designadas como vulnerables, que estará basado en las directrices establecidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias, y que será de obligado cumplimiento en esas zonas de Castilla y León.

El Consejo Agrario de Castilla y León conoció el texto del decreto en su reunión del pasado mes de mayo.

ASAJA no está de acuerdo con la ampliación de las zonas vulnerables

ASAJA Castilla y León ha expresado su disconformidad con este proyecto de Decreto, por no compartir los criterios que se han tenido en cuenta ni el peso que se le atribuye al sector agroganadero en esa contaminación.

Los mismos estudios oficiales reconocen que, aún en el caso de proceder de fuentes de origen agrícola y ganadero, se trata de una contaminación “difusa”, que no obedece a un patrón único identificable. Por ejemplo, se incluyen zonas en las que abunda la ganadería y otras en las que no, zonas en las que existe una agricultura más intensiva y otras en las que no. Por lo tanto, la propia administración reconoce que no hay relación directa entre la contaminación por nitratos y la ganadería o la agricultura más intensiva.

ASAJA tampoco está de acuerdo con muchas de las medidas correctoras, que “resultan cuando menos de eficacia dudosa y que supondrán un freno a la productividad de las explotaciones”, y apunta también a un claro oportunismo político para dar satisfacción a la presión que ejercen determinados grupos conservacionistas.

ASAJA señala que la actividad agrícola es la única actividad económica en la mayor parte de nuestro territorio. En general es poco productiva, lo que exige optimizar los recursos empleados, por lo que el agricultor no hace aportaciones de abonado por encima de lo necesario.

ASAJA hace una defensa especial de la ganadería, actividad que es fundamental para la economía y que es la que más población fija todo el año. Castilla y León tiene una baja carga ganadera, y el uso del abono orgánico en la amplia superficie agrícola de la Comunidad Autónoma no tiene por qué suponer un problema medioambiental. Por ejemplo, la carga ganadera de porcino en Cataluña es de 240 cerdos/km2, y en Aragón 166, mientras que en Castilla y León es de 42 cerdos/km. Además de la gran extensión de la comunidad, hay ya unas exigentes normas de gestión de residuos.