En torno al 85% de las Comunidades de Regantes carecen de las herramientas necesarias para cumplir con la Ley 39/2015, conocida como Ley de la Administración Electrónica, que obliga a tener antes del 2 de octubre un registro digital en el que depositar toda la documentación que se intercambie con los entes públicos, según las estimaciones de Fenacore.

Más de 6.000 Comunidades de Regantes en España, con superficies inferiores a las 500 hectáreas, no tienen suficientes recursos materiales ni humanos para adaptarse en tiempo y forma a la nueva Ley de procedimiento administrativo.

En este sentido, la asociación considera que las exigencias impuestas a los regantes para que funcionen a través de la Administración electrónica resultan inviables para la mayoría de las comunidades. Pero al tratarse de corporaciones de derecho público y de entidades colaboradoras de la Administración, Fenacore anima a las comunidades a que cooperen entre sí para poder acelerar su desarrollo tecnológico y adecuarse al marco legal vigente.