Las entidades que constituyen la Mesa Social del Agua de Andalucía (CCOO, COAG, UPA, AEOPAS, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO, Ecologistas en Acción, CIREF, Fundación SAVIA, Fundación NCA, Red Andaluza de la NCA) valoramos el interés y la oportunidad para debatir el modelo de gestión del agua en un momento histórico como el que se encuentran, con el cambio climático y la crisis de seguridad hídrica como telón de fondo, en el marco del Pacto Andaluz por el Agua.

La Mesa Social de Agua defiende que el Pacto Andaluz por el Agua, que ahora comienza a debatirse, debe incorporar una serie de principios que garanticen la protección de los ríos, humedales y acuíferos, así como la gestión pública y los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, la participación social activa y real, la solidaridad y la justicia ambiental. Estas directrices básicas se sintetizan en el siguiente decálogo:

1.         El espacio para la definición de las políticas hídricas debe basarse en los principios y los objetivos requeridos por la Directiva Marco del Agua y los planes hidrológicos de demarcación, especialmente ahora en la revisión del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027), que es el auténtico marco dónde tomar las grandes decisiones de la política del agua, poner en práctica las medidas e inversiones concretas y desarrollar los procesos de participación pública efectiva.

2.         En consonancia con lo anterior, la prevención del deterioro y la recuperación y el mantenimiento del buen estado ecológico de los ríos, humedales, estuarios y las aguas costeras, y el buen estado de las aguas subterráneas tiene que ser un objetivo inaplazable de la política de aguas andaluza. Así como la fijación de las necesidades de agua de las especies y hábitats en los espacios protegidos.

3.       Para ello resulta clave garantizar el equilibrio entre las demandas de recursos y los recursos realmente disponibles asumiendo los límites actuales de cada demarcación hidrográfica y previendo la reducción de las aportaciones que traerá consigo el cambio climático.

4.         Todo ello obliga a reorientar la política del agua de Andalucía hacia un nuevo modelo de uso y aprovechamiento del agua, sostenible en términos ambientales y sociales, siendo imprescindible iniciar una transición hídrica justa.

5.         Es preciso abrir un profundo debate sobre la situación de los sistemas del ciclo urbano del agua, que incluya criterios de cohesión y justicia territorial entre los principales sistemas metropolitanos y los municipios aislados. Un debate también sobre las inversiones requeridas para aumentar la eficiencia y resolver los importantes déficits en la depuración de aguas residuales que arrastra Andalucía y que requiere una atención prioritaria.

6- Es fundamental realizar un diagnóstico de las necesidades que tienen nuestros pueblos y ciudades para saber cuánto van a costar esas carencias y cómo se pueden financiar. Es importante establecer unos mecanismos de corresponsabilidad en el servicio a la ciudadanía para el conjunto del territorio.

7.         Es necesario redefinir el papel y la dimensión superficial del regadío, el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio  territorial, al asentamiento de la población rural y al relevo generacional. Esta reorientación requiere el desarrollo de modelos de  agricultura  y ganadería ecológica y de baja huella hídrica, así como a la redistribución del agua disponible con criterios de eficiencia productiva y laboral. También es necesario apoyar la reutilización de aguas regeneradas y la desalación para sustituir extracciones en los ríos y acuíferos actualmente sobrexplotados, así como el establecimiento de tarifas volumétricas en el sector que incentiven el ahorro de recursos y la aplicación de instrumentos como los bancos de agua bajo un estricto control de las administraciones públicas

8.       El Pacto del Agua debe asumir y promover un modelo de participación activa, justa, diversa, comprometida y equilibrada, en el que puedan intervenir todos los actores socio-económicos en igualdad de condiciones.

9.         El Pacto debe asumir y hacer prevaler, como eje central de las políticas del Ciclo Integral, el Derecho Humano al Agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos. Para ello es preciso dotar al ciclo urbano del agua de un marco regulatorio que garantice un buen y justo servicio para la ciudadanía, tomando como referencia el Proyecto de Reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Andalucía.

10.       Es necesario desarrollar un proceso de pedagogía social efectiva para facilitar el consenso que requiere afrontar los impactos del cambio climático y los retos de una transición hidrológica justa, que exigen la transformación de los modelos sociales y de pensamiento.