Unió de Pagesos remarca que las importaciones de arroz en los mercados de la Unión Europea (UE) procedentes de los países de Mercosur (Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil) han incrementado un 200% en los últimos cuatro años y la propuesta de acuerdo comercial, pendiente de ratificar, que prevé un contingente de 60.000 toneladas anuales sin ningún tipo de aranceles, amenaza los productores de arroz catalanes porque puede aumentar la presión de los precios a la baja.

De las 54.846 toneladas de arroz importadas en 2015 procedentes de los países de Mercosur, se ha pasado a las 165.885 en 2018. Uruguay es el principal exportador y ha duplicado la presencia en los mercados comunitarios, de 40.819 toneladas en 2015 a 79.269 de el año pasado. Estas importaciones se han hecho bajo arancel. El acuerdo suscrito por las autoridades de la Unión Europea a finales de junio y las de Mercosur, contemplan una cuota de exportación de arroz libre de aranceles de 60.000 toneladas anuales en la UE desde este grupo de países de la América del Sur.

 El sindicato denuncia que la Comisión Europea ha querido minimizar el impacto sobre el sector del arroz europeo, mientras que las fuentes de que dispone el sindicato certifican que Uruguay, en este caso, cuenta con un gran conglomerado de empresas, encabezado por Saman -la cual mueve el 50% del total de la producción de arroz en este país-, con una infraestructura industrial y tecnológica de última generación, que permite completar el ciclo productivo y comercial con una capacidad de procesamiento anual de más de 600.000 toneladas de arroz.

Unió de Pagesos reclama a la Unión Europea estudios de impacto económico sobre aquellos sectores más sensibles al acuerdo comercial con Mercosur con el objetivo de conocer los efectos a medio y largo plazo sobre los productores. El sindicato ya lamentó hace una semana que la Comisión Europea haya cerrado un acuerdo comercial que perjudica al sector agrario comunitario y ha pedido al Consejo Europeo que no lo apruebe y el Parlamento europeo que no lo ratifique.

El sindicato denuncia que la Comisión Europea haya utilizado la agricultura comunitaria como moneda de cambio para poder beneficiar determinados sectores económicos relacionados con los servicios y los productos industriales, tales como la automoción y los químicos, a los que se abriría un gran mercado y oportunidad de negocio.