Según el informe En clave Agro recientemente publicado por BANKIA el valor de la producción de cereales en España el pasado año alcanzó la cifra de 4.271 millones de euros, representando una subida del 45% respecto a 2017. Dentro de un entorno de práctica inmovilidad de precios, esto se correspondió obviamente, al incremento de producción habido respecto a ese año. Con estas magnitudes, estas materias primas ocuparían el cuarto lugar dentro de la estructura agroalimentaria española por detrás de frutas, hortalizas y porcino.

Muy bonito, pero un espejismo.

2018 fue un año que podríamos considerar como bueno, con una producción, incluyendo maíz, que superó los 23 millones de toneladas, un pico en una variabilidad estructural que nos deja unos dientes de sierra periódicos que pueden suponer de golpe siete millones de toneladas de más o de menos de una campaña a otra. Así, ahora nos vemos en la otra cara de la moneda.

Conforme a las estimaciones de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, para 2019-20 vamos a contar con una producción nacional por lo menos un tercio inferior a la de 2018 lo que implica, aceptando una equivalencia de precios interanual, un descenso de más de 1.200 millones de euros de ingresos para un sector que, aun acostumbrado a lidiar con todo tipo de adversidades, carga sobre sus hombros todo el peso y responsabilidad de abastecer un mercado inmisericorde a las penalidades de su base principal de suministro.

Agricultores desmoralizados y/o desesperados; administración central y autonómicas paralizadas (ni siquiera convocan, de momento, las Mesas de la Sequía); comerciantes acosados por competencias desleales, ninguneados por las administraciones y sin producción con la que ejercer su profesión… Panorama desolador