Justo en estas semanas, en las que se registra el pico de mayor consumo de fertilizantes en el campo de Castilla y León, los precios de los abonos nitrogenados han subido un 10 por ciento más, lo que dispara aún más el principal coste de las explotaciones agrarias cerealistas, tal como denuncia ASAJA. Este 2018 se está pagando la tonelada de fertilizante nitrogenado a unos 220 euros, veinte euros por encima de 2017, cuando ya los precios eran muy altos. Ese diez por ciento significa que un agricultor con una explotación de secano de unas 200 hectáreas tendrá que pagar 1.200 euros más que el año pasado para abonar esta primavera la misma superficie, según ASAJA.
Castilla y León es, junto a Andalucía, la comunidad autónoma que más fertilizantes consume, por su amplia superficie e importancia agrícola. Una hectárea de secano precisa unos 300 kilos de abono nitrogenado como media, mientras que una hectárea de regadío consume más de 700 kilos. Sumando cereal de secano (1.700.000 Ha), cereal de regadío (200.000 Ha) y cultivos de regadío (200.000 Ha de remolacha, maíz, patata…), en Castilla y León se precisarán estos meses de primavera cerca de 740.000 toneladas de abono nitrogenado.
Los fertilizantes minerales representan para los productores de cultivos herbáceos hasta el 45% de los costes de insumos, y son imprescindibles, por lo que el agricultor no tiene otra posibilidad que acatar los abusivos precios que fija la industria, que funciona en la práctica como un monopolio. ASAJA respalda al cien por cien la carta, remitida esta semana por el COPA-COGECA (órgano europeo que agrupa a las organizaciones agrarias y cooperativas, en el que está presente ASAJA), a la Comisión Europea instando a eliminar los aranceles e impuestos sobre las importaciones de fertilizantes. Esto se debe a los derechos antidumping y los aranceles aduaneros en las fronteras de la UE, que protegen a los fabricantes de fertilizantes minerales europeos frente a la competencia internacional. Como resultado, los precios de los fertilizantes en la UE son mucho mayores que en otras regiones del mundo; y a pesar de ello, los agricultores europeos y sus cooperativas venden su trigo y otros cereales a precios del mercado mundial. Tal situación genera un desequilibrio que se refleja en la renta de los agricultores de la UE.
Los aranceles antidumping que se vienen aplicando desde hace 23 años, un período inusitadamente largo y sin razones que lo justifiquen, causando graves perjuicios a la competitividad de las exportaciones agrícolas europeas y a la renta de las explotaciones familiares. Es pues, el momento de que Bruselas corrija esta anomalía y proteja a la parte débil, que son los agricultores, y no las grandes compañías de fertilizantes.
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