La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, quien ya presentara a los partidos políticos sus enmiendas a la Ley de Sequía cree que, pese a la mejora del texto original, lo aprobado tiene aún bastantes carencias que limitan su aplicación en relación a la magnitud de la sequía y dejan sin concretar puntos importantes.

Unión de Uniones ha realizado una primera valoración de lo aprobado la pasada semana en el Congreso y, aunque valora positivamente algunos aspectos que considera que suponen un avance respecto a lo que había antes, como las exenciones de cánones, el Fondo de Sequía o la moratoria de un año a las cuotas a la seguridad social, considera que habría que haber dado un paso más contundente en beneficio de los agricultores y ganaderos y las pérdidas que la sequía ya ha ocasionado y sus efectos que aún se dejarán notar.

En este sentido, la organización considera que los beneficios tributarios se quedan cortos. La sólo moratoria de las cuotas de la seguridad social únicamente sirve para posponer el problema, según Unión de Uniones, y, por otro lado, la reducción de módulos es la habitual a una situación que es excepcional, sin aumentar el porcentaje y límites de gastos de difícil justificación en estimación directa. Igualmente, considera que la exención del IBI va a quedar restringida por las condiciones establecidas.

Por lo que respecta a la gran novedad del Fondo de Sequía, recuerda que su aplicación queda reservada sólo para titulares de explotación con seguro y con daños en elementos afectos a la explotación no asegurables, hasta un límite máximo del 70 % de los daños u ocho mil euros.

La organización recuerda, por un lado que la materialización de dicho Fondo, así como de otras medidas contempladas, como la subvención al precio del agua desalada para que no supere los 0,3 €/m3, o las exenciones de tasas y cánones de riego o el contrato especial para regadío, o la reducción del peaje para instalaciones de autoconsumo, también para regadío, deben aún desarrollarse y consignarse en su caso los presupuestos necesarios para llevarlas a cabo.

“Creemos que, en definitiva, es una Ley que concreta poco, además que el papel parece que todo lo aguanta. Habrá que esperar a ver si el Gobierno lo pone realmente en marcha, cuándo y cómo lo que la Ley dispone” – afirman desde Unión de Uniones.