La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) acaba de remitir a los distintos grupos políticos municipales de los 44 ayuntamientos de las poblaciones que van a verse afectadas de lleno por la futura Ley para la protección de l’Horta una solicitud para que los consistorios referidos aprueben mociones reclamando al Consell que introduzca una serie de cambios sustanciales en un proyecto cuya redacción actual margina y relega a los principales protagonistas de la huerta: los agricultores.

Tras el debate protagonizado hoy en les Corts Valencianes sobre esta iniciativa, que se ha saldado con el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Ciudadanos, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subrayó que “esta ley va a poner cadenas a la modernización y competitividad de los agricultores en un área emblemática por su situación periurbana, su significación histórica y su importancia socio-económica. Si a otros sectores económicos les impusieran las trabas que quieren para los agricultores, muchas empresas se irían de la Comunitat Valenciana. En lugar de limitaciones y amenazas de expropiación forzosa, lo que necesita el agricultor son medidas de impulso y de reconocimiento de la destacada función que desempeña en la preservación del medioambiente”.

Además, AVA-ASAJA ha elaborado un exhaustivo estudio en el que cifra en 37 millones de euros anuales el presupuesto que precisa el proyecto para garantizar mínimamente la viabilidad de las explotaciones agrarias. Y es que, sorprendentemente, el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta (PATODHV), que acompaña a la Ley de l’Horta, no contempla ninguna consignación presupuestaria para aspectos tan fundamentales como la mejora de los canales de comercialización, el pago de servicios ambientales prestados, el favorecimiento del relevo generacional, la transformación de las estructuras agrarias o el mantenimiento y modernización de las obras hidráulicas.

“Es inconcebible y una auténtica irresponsabilidad –asegura Cristóbal Aguado– que este proyecto haya llegado a les Corts sin un mínimo grado de consenso previo. Ninguna de sus alegaciones que presentamos por parte de AVA-ASAJA ha sido admitida y desde luego hemos echado en falta una negociación con los agricultores. La consecuencia final es que el texto establece excesivas restricciones y limitaciones a la actividad agraria y no recoge prácticamente medidas de apoyo claras y específicas al sector”.

Entre las reivindicaciones que traslada AVA-ASAJA a los ayuntamientos destacan el establecimiento consensuado de un Plan de Desarrollo Agrario antes de la aprobación de la Ley y la supresión de las limitaciones a la hora de elegir el cultivo o el sistema de regadío en cada parcela. También la entidad pide mayores facilidades administrativas a la hora de acometer infraestructuras o mejoras necesarias para la actividad agraria, así como incluir como beneficiarios de las futuras medidas a todos los agricultores y no únicamente a los agricultores profesionales, que tan sólo representan en torno al 10% del colectivo que trabaja la huerta.

AVA-ASAJA, que viene celebrando un gran número de reuniones informativas en los pueblos afectados, ha solicitado a sus delegados de la zona que soliciten con la máxima urgencia la convocatoria de un Consell Agrari Municipal para abordar estas cuestiones.

Finalmente, el máximo responsable de la asociación agraria considera “que si no se acomete un replanteamiento a fondo de estos planes, la huerta puede acabar convertida en un escaparate, en una especie de reserva india, donde los agricultores ejerzan como meros figurantes y prisioneros, y eso nos parece inadmisible”.