Ayer era el día previsto para que la  Unión Europea (UE) se pronunciara sobre la renovación de la autorización del glifosato para un periodo de cinco a siete años. Sin embargo dicha votación fue pospuesta a una próxima reunión al no alcanzar los Estados miembros un acuerdo al respecto. La Comisión Europea indicó que «seguirá trabajando con los Estados miembros para encontrar una solución que cuente con el mayor respaldo posible, que asegure una alta protección a la salud humana y el medio ambiente», conforme a la legislación europea y sobre la base de los datos científicos disponibles.

La seguridad del glifosato ha quedado ampliamente demostrada por los organismos y autoridades competentes en la materia. Así lo afirmaba hace unos días José Vicente Tarazona, Head Pesticides Unit en EFSA, en un debate programado por AEPLA en el marco de Fruit Attraction 2017 sobre el papel de los productos fitosanitarios en la agricultura europea. ‘En EFSA hemos llevado a cabo 1500 estudios, y la conclusión es que el glifosato no es cancerígeno’, declaró con rotundidad.

En las últimas semanas y meses ha sido constante el goteo de informaciones publicadas a raíz de investigaciones periodísticas realizadas por agencias internacionales y medios relevantes de distintas partes del mundo sobre irregularidades de la IARC, agencia de la OMS, cuyo informe sirvió para justificar las posiciones que abogan por  no renovar una herramienta esencial que lleva más de 40 años empleándose en usos agrícolas y no agrícolas. Éstas explican en opinión de AEPLA, por qué “las Autoridades científicas de la Unión Europea como la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) y la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), de Estados Miembro, y de países como EEUU, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la propia OMS, entre otras, avalan sistemáticamente la seguridad del glifosato frente a la evaluación negativa de la IARC”

En los últimos días se ha conocido que uno de los principales científicos que participó en la evaluación del glifosato en la IARC, el Dr. Christopher J. Portier, ocultó cuantiosos pagos (160.000 dólares) de despachos de abogados que estaban planteando demandas multimillonarias contra fabricantes de glifosato. El Dr. Portier, que en repetidas ocasiones ha tratado de cuestionar evaluaciones realizadas por Autoridades competentes sobre el glifosato, estaba en conversaciones con los despachos de abogados incluso antes de que la IARC emitiese su clasificación sobre el glifosato.

Además, no se han considerado estudios que avalaban la seguridad del glifosato por parte de este organismo. El propio director del grupo de trabajo para la evaluación del glifosato en la IARC, ha afirmado incluso que si hubieran tenido en cuenta estos estudios la clasificación habría sido distinta. Resulta sorprendente también, la edición y eliminación de informes de referencia que contradecían la clasificación final de la IARC.

Desde AEPLA queremos manifestar que  “ningún Estado Miembro de la Unión Europea puede tener en consideración ninguna de las clasificaciones de la IARC respecto al glifosato, ahora que se ha demostrado su falta de rigor, y que podría generar un daño permanente a la sostenibilidad de la agricultura europea.”