La mayoría del Parlamento pidió a la Comisión Europea que no renueve el acuerdo contra el contrabando y la piratería entre la UE y Philip Morris International (PMI) y que expira en julio de 2016. En una resolución aprobada el miércoles, el pleno apuesta por utilizar las herramientas legislativas a nivel comunitario e internacional para combatir el comercio ilegal de tabaco.

Los eurodiputados consideran que el acuerdo con PMI no ha resultado efectivo, porque, pese a que inicialmente se redujo el contrabando, se ha detectado un incremento en el tráfico de cigarrillos baratos sin marca que han cubierto ese hueco.

En virtud de los acuerdos firmados con las cuatro grandes tabacaleras, las compañías pagan a la UE y sus Estados miembros un total de 2.150 millones de dólares (alrededor de 2.000 millones de euros) para evitar procesos judiciales por los impuestos y aranceles no recaudados por el comercio ilegal de cigarrillos. Las compañías también se comprometen a combatir de manera activa el contrabando y la falsificación de sus productos.

En la resolución, los eurodiputados hacen hincapié en que el comercio ilegal de productos del tabaco, particularmente el contrabando y falsificación de cigarrillos, sigue provocando a la UE y a los Estados miembros pérdidas de ingresos (aranceles, IVA e impuestos especiales) de más de 10.000 millones de euros al año.

También apuntan que la utilización de parte de los fondos abonados por la industria tabacalera para financiar la Oficina europea antifraude (OLAF) puede suponer un conflicto de intereses.

En vez de renovar el acuerdo con PMI, los eurodiputados piden a la Comisión que se concentre en aplicar la directiva comunitaria sobre tabaco de 2014, que incluye instrumentos más efectivos para luchar contra la falsificación y el contrabando, como el sistema de seguimiento y localización para los cigarrillos, y que empezará a aplicarse en 2019. Los Estados miembros también deben ratificar el protocolo marco sobre control del tabaco de la OMS, que prevé un sistema equivalente a nivel internacional.

El texto destaca que las partes del citado protocolo están obligadas a proteger sus políticas de salud pública frente a los intereses comerciales de la industria y que ninguna responsabilidad en este ámbito puede delegarse a las empresas.

Para cubrir el periodo en que las disposiciones de la directiva del tabaco no son todavía de aplicación, los eurodiputados piden a la Comisión que prepare nuevas normas para afrontar la cuestión de los cigarrillos baratos sin marca, para hacer seguimiento y localización de los productos de PMI y para iniciar acciones legales en caso de aprehensiones de los cigarrillos de la citada compañía.