Los planes hidrológicos presentados a los Consejos del Agua de las distintas demarcaciones durante la primera semana de septiembre siguen apostando por la demanda de agua y alteran los ríos, en contra de las obligaciones de España de cumplir con los objetivos de alcanzar el buen estado de los ríos, humedales y acuíferos que exige la Directiva Marco del Agua.

El pasado 30 de junio de 2015 concluyó el periodo de consulta pública de los documentos de “Propuesta de proyecto de revisión del Plan Hidrológico” correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Tras la revisión de las respuestas de los distintos Organismos de Cuenca a las alegaciones presentadas, WWF España ha comprobado que el proceso de planificación, una vez más, no va a permitir cumplir con las exigencias de la Directiva Europea Marco del Agua (DMA) en este segundo ciclo (2016-2021).

Desde la aprobación de la DMA, España ha considerado esta importante directiva una mera obligación legal, obviando su función principal de conservar los bienes y servicios ambientales que nos proporcionan los ecosistemas acuáticos, como agua para beber, depuración, protección frente a sequías e inundaciones o transporte de nutrientes al mar. Nuestro país sigue sin cumplir con la UE. Aunque en la reunión bilateral mantenida en otoño de 2014, la Comisión acordó con España una serie de recomendaciones para el segundo ciclo de planificación, la urgencia de España por aprobar los planes hidrológicos antes de finales de año para acceder a los fondos comunitarios, ha impedido que se lleven a cabo las reformas necesarias para mejorar la protección de nuestros ríos, humedales y acuíferos.

En cambio, los planes de cuenca presentados siguen favoreciendo a los grandes regantes, las hidroeléctricas y las empresas constructoras, incluyendo en los Programas de Medidas (PdM) nuevos embalses, nuevos trasvases y otras medidas que afectarán negativamente al estado de las masas de agua.

En la cuenca del Ebro están previstas 465.000 nuevas hectáreas de regadío, que se sumarán a las actuales para superar la cifra del millón de hectáreas puestas en regadío. En la cuenca del Guadalquivir, se incluye la medida del dragado de profundización del canal de navegación del Estuario, con una inversión programada de 30 M€ para los próximos seis años, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso que presentó WWF España, contra la inclusión de dicha medida en el Plan hidrológico por su impacto negativo sobre el ecosistema del estuario y el espacio protegido de Doñana.

En la cuenca del Guadiana, el PdM no incluye actuaciones de retención natural de agua, en contra de las recomendaciones de la legislación específica de gestión del riesgo de inundaciones, y vuelve a apostar por los encauzamientos. Los caudales ecológicos calculados para nuestros ríos quedan reducidos a valores mínimos como un mero trámite para cumplir con la normativa y no para mantener la salud de nuestros ecosistemas fluviales.

WWF España ya denunció en su momento el retraso en la aprobación de los planes de cuenca vigentes, lo que en la revisión de dichos documentos para los próximos seis años ha impedido llevar a cabo una evaluación del estado actual de las masas de agua en buena parte de las demarcaciones y comprobar el efecto de los PdM aplicados. Sin la información actualizada, no se han podido definir de forma adecuada los objetivos de la planificación hidrológica, ni los nuevos PdM para cumplir dichos objetivos en el nuevo ciclo, creando una gran incertidumbre sobre la protección de los ecosistemas acuáticos en España. A pesar de la exigencia de la Comisión Europea de que el gobierno redactara una ley específica, los Planes no han aplicado el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales, siguiendo el principio de que quien contamina paga, de acuerdo con el Artículo 9 de la DMA.

Para WWF España, este panorama de incumplimiento del compromiso comunitario de la aplicación de la DMA podría significar la perdida de financiación europea, exponiendo al mundo rural a un incierto futuro en un escenario de cambio climático que aumentará la presión sobre los ya escasos recursos hídricos.