LA ALIANZA UPA-COAG solicita a la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que ha sido creado para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que abra una investigación sobre un presunto pacto de precios a la hora de adquirir la colza a los productores.
Nuestra organización denuncia lo que consideramos que es un presunto delito que vulnera la ley alimentaria al imponer, tanto almacenistas como otros compradores, el mismo precio a los agricultores de colza que no tienen contrato alguno `obligándoles´ a recibir un precio inamovible de 330 euros/tonelada.
Nuestra organización considera extraordinariamente grave lo que podría ser una vulneración de la Ley, y por eso pedimos a AICA el control del cumplimiento de lo dispuesto en la norma, en lo que respecta a la regulación de las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria.
Las sospechas fundadas que tenemos de prácticas irregulares a la hora de imponer precios fijos por la colza, sin diferencias entre compradores, viene a confirmar lo que denunciamos días atrás sobre la especulación en el mercado de los cereales en Castilla y León. Por este motivo, exigimos al Ministerio de Agricultura a través de la AICA una seguridad jurídica para el eslabón más débil en la cadena alimentaria como es el de los agricultores y ganaderos.
LA ALIANZA UPA-COAG se pregunta si esta imposición de precios fijos es la libertad de comercio de la que tanto presumen algunos en momentos puntuales, y sobre todo cuando determinadas organizaciones agrarias como la nuestra alerta a los agricultores de determinadas prácticas que más parecen del siglo XIX que de nuestros tiempos en lo que respecta al mercado de la compra-venta de cereal y de otras materias primas. Fuente: Alianza UPA-COAG
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