La Unión de Uniones critica que el Gobierno no haya dado pasos para reequilibrar la distribución de ayudas agrarias y siga beneficiando a grandes perceptores y compañías que cobran ayudas públicas por pagos básicos de más de 150.000 euros y a quienes tienen una actividad agraria poco significativa, mientras dejará fuera de las ayudas en el 2017 a muchos agricultores profesionales cuyas ayudas no lleguen a los 300 euros.
La organización, a lo largo de las discusiones sobre la Reforma de la PAC ha puesto el acento reiteradamente en el desequilibrado reparto de las ayudas agrarias que se siguen concentrando en buena parte en un pequeño número de grandes perceptores y productores cuya actividad agraria es insignificante en relación a su actividad económica. La nueva PAC habría permitido al Gobierno español imponer mayores recortes y limitaciones en las ayudas a los grandes perceptores, como si han hecho otros Estados Miembros de la Unión; así como dejar fuera del sistema de ayudas a personas físicas o jurídicas cuyas actividades agrarias representen sólo una parte insignificante del total de sus actividades económicas o cuya actividad principal no consista en ejercer una actividad agraria. De haber aplicado esta norma el Ministerio, habrían sido en gran medida innecesarios los debates sobre la figura del agricultor activo.
Por el contrario, el Magrama ha decido aplicar sólo la reducción mínima (5%) a los mayores beneficiarios del pago básico (más de 150.000 euros anuales) y corregirlos además en función de los costes laborales soportados, lo que reduce aún más el número de afectados por el recorte.
En España, según datos del FEGA del ejercicio 2013, 1.842 perceptores (sólo el 0,2 % del total de 893.441 perceptores) recibieron más de 150.000 euros de ayudas directas; distribuyéndose un total de 587,4 millones de euros (un 10,5 % de las ayudas). La modalidad de recorte decidida por el Ministerio beneficiará, además, en mayor medida a los perceptores de mayor magnitud ya que, hasta 2012, sufrían de un ajuste del 14 % y a partir de 2015, éste será sólo del 5 %.
La organización recuerda que, lejos de perderse o desaprovecharse, los recortes realizados por los Estados miembros por este concepto quedan en sus territorios para engrosar las partidas destinadas a las medidas de desarrollo rural.
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