Nueva puesta en escena del rechazo al dragado del río Guadalquivir. Después de que el Ayuntamiento de Isla Mayor aprobara, por unanimidad de los tres grupos políticos, una moción en contra del proyecto, UPA-Andalucía, AREDA (Asociación de Regantes de Andalucía) y PEBAGUA (Asociación de la Pesca y Acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir), se han reunido con el director del Espacio Natural de Doñana, Juan Carlos Castellano, con el que han coincidido en la postura de rechazo al dragado, atendiendo al informe negativo de la Comisión Científica. Las tres organizaciones han vuelto a plantear que, como defienden todos los informes científicos, cualquier actuación, aunque sea mínima, es perjudicial para el río, ya que supondría un incremento de la salinidad, y significaría la ruina de dos sectores estratégicos: el arroz y la pesca del cangrejo.

Los datos evidencian la importancia de dos sectores que son considerados clave en la economía de los municipios de las Marismas del Guadalquivir. El arroz cuenta, en la actualidad, con 850 explotaciones, 38.000 hectáreas cultivadas, produce 320.000 toneladas y deja casi 500.000 jornales, además de ser la principal despensa de las aves del Parque de Doñana. Pero, además, el dragado representaría la desaparición de la pesca del cangrejo, una actividad económica que genera un empleo de 150.000 jornales al año, de los que el 60% es femenino, procesa 3 millones de kilos de cangrejos de las Marismas, el 90% destinado a exportación, con un volumen total de negocio que supera los 20 millones de euros, y que coloca a Sevilla como la principal provincia de la península productora de cangrejos de río.

UPA-Andalucía, AREDA y PEBAGUA le han dejado claro al director del Espacio Natural de Doñana, que nuestra postura de rechazo al dragado se mantiene, incluso, aunque se pusiera en marcha el plan de modernización del cultivo del arroz; así como el plan de protección de márgenes del Guadalquivir, dos proyectos que son independientes del dragado que, como todos los informes científicos demuestran (entre ellos el último de la UNESCO, de mayo de 2014), sería perjudicial para el río debido a que está en muy malas condiciones, y supondría la desaparición de dos actividades económicas estratégicas.

Por todo ello, las tres organizaciones recalcaron su postura de denunciar el proyecto ante Bruselas, si finalmente se publica su licitación en el Boletín Oficial del Estado, por entender que no se cumplen normas medioambientales tan básicas como la Directiva Hábitat, que se vulnera, o la de Evaluación Ambiental, de obligado cumplimiento en la UE, al tratarse de un proyecto que estaría financiado con fondos Feader y que, por lo tanto, debe cumplir la normativa comunitaria en materia medioambiental. Una denuncia a la que ya se ha sumado el Ayuntamiento de Isla Mayor y a la que, próximamente, se sumarán más consistorios de las Marismas del Guadalquivir.