Miles de agricultores andaluces, convocados por diversas organizaciones de agrarias, entre ellas COAG Andalucía y UPA-Andalucía, y por las federaciones y comunidades de regantes, se han concentrado hoy en la Plaza de España para rechazar un incremento de las tarifas eléctricas que amenaza seriamente la viabilidad del regadío andaluz, donde se concentra el 70% del empleo agrario de nuestra comunidad.

Ambas organizaciones recuerdan que en la última década la factura del regadío se ha incrementado casi un 260%, al pasar de pagar 46 M€ en 2004 a los 165 M€ correspondientes a 2013. La apertura al mercado libre, en 2008, provocó una subida superior al 400% en las tarifas más empleadas por los regantes, llegando en algunos casos, a incrementarse más de un 1250%, como en la tarifa 6.1.

Y es que las distintas reformas eléctricas han perjudicado especialmente a los regantes, al incrementar el término fijo de factura y obligarles a pagarlo durante todo el año, algo que perjudica a una actividad que está marcada por la estacionalidad, tal y como ha recordado el secretario general de UPA Andalucía, Agustín Rodríguez. Por eso, una de las principales reivindicaciones de los regantes concentrados ha sido la implantación de un sistema de contratos de temporada flexibles, con posibilidad de modificar la potencia para adaptarla a las necesidades de las explotaciones agrarias.

Por su parte, Miguel López ha recordado que Andalucía se ha convertido en modelo y ejemplo en modernización de regadío. Así, casi el 75% de la superficie regada en Andalucía es riego localizado (el más eficiente), frente al 48% que hay en España. En ese proceso los regantes andaluces han invertido cerca de 3.000 millones de euros, hipotecándose por 50 años, y ahora se encuentran con una factura eléctrica que no pueden asumir.

Además, hay que recordar que la tarifa eléctrica que soporta el regadío andaluz es muy superior a la de otros países competidores, como Francia u Holanda. En ese sentido, ambos dirigentes criticado que el gobierno ha legislado para favorecer el negocio de las grandes eléctricas, en lugar de promover el autoconsumo, que permitiría elevar la competitividad de nuestros regadíos. Por eso, han reclamado que el regadío cuente con una tarifa eléctrica no especulativa y piden un cambio en la legislación vigente para fomentar energías alternativas que permitan favorecer la viabilidad de las explotaciones.

El tarifazo eléctrico, además, incide en el sector agrario más allá del regadío, pues se traslada al manipulado y primera transformación de los productos que se realiza en las estructuras cooperativas, lo que acaba traduciéndose en un menor precio para el agricultor.