La Comisión Europea ha reclamado a mitad de agosto, en virtud del llamado procedimiento de liquidación de cuentas, el reembolso de un total de 180 millones de euros de fondos correspondientes a la política agrícola de la UE gastados indebidamente por los Estados miembros. No obstante, dado que algunos de esos importes ya han sido reembolsados por los Estados miembros, la incidencia financiera de la decisión adoptada en el día de hoy será de aproximadamente 169 millones de euros. Esos fondos se reintegrarán en el presupuesto de la UE por haberse incumplido disposiciones de la UE o aplicado procedimientos inadecuados de control de los gastos agrícolas. Corresponde a los Estados miembros abonar y controlar los gastos realizados al amparo de la política agrícola común (PAC), y la Comisión debe cerciorarse de que los Estados miembros hayan hecho un uso correcto de los fondos.

En virtud de esta última decisión, se reclamarán fondos a 15 Estados miembros: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Polonia, Eslovenia, Finlandia y el Reino Unido.

A España le reclama 5,3 millones de euros por una corrección propuesta por deficiencias en el régimen de sanciones y por falta de una buena condición agraria y medioambiental (BCAM), así como 1,4 millones de euros por deficiencias en el ámbito del desarrollo rural.

Las principales correcciones son las siguientes:

• 40,4 millones de euros reclamados al Reino Unido por deficiencias en el Sistema de Identificación de Parcelas/Sistema de Información Geográfica (SIP/SIG), en los controles sobre el terreno y en los pagos y sanciones en Escocia;

• 39,2 millones de euros (incidencia financiera1: 30,4 millones de euros) reclamados a Polonia por deficiencias en el SIP-SIG, en los controles administrativos cruzados, en los pagos, en la aplicación de sanciones y en la recuperación retroactiva, así como por el retraso de los controles sobre el terreno;

• 18,6 millones de euros (incidencia financiera2: 16,6 millones de euros) reclamados al Reino Unido por deficiencias en la asignación de derechos;

• 11,5 millones de euros reclamados a Dinamarca por deficiencias en el SIP y en los controles sobre el terreno.