El viernes, el Gobierno balear ha aprobado el proyecto de Ley a través del que gravará con un impuesto los envases de líquidos alimentarios. A pesar de los esfuerzos de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la distribución, la hostelería y los SIGs por reconducir esta preocupante iniciativa, la propuesta ha sido formalmente aprobada y pasará al Parlamento para su debate.

Aunque la industria alimentaria, primer sector industrial de la economía nacional, se ha mantenido siempre abierta al diálogo y a la cooperación con las Administraciones, no puede sino rechazar un impuesto que sólo cabe calificar como discriminatorio, injusto y desproporcionado, que pone en peligro el consumo y la capacidad de recuperación de nuestro sector.

La excusa medioambiental que supuestamente motiva esta medida no tiene razón de ser, ya que no se puede confirmar que la consecuencia sea la alegada; por lo que no cabe sino pensar en un evidente fin recaudatorio que justifique esta acción desmedida y sin sentido.

Mientras el sector financia a través de Ecoembes y Ecovidrio el reciclado de los residuos de envases de alimentación y bebidas con excelentes resultados, es inaceptable el establecimiento de un gravamen sobre este mismo hecho imponible.

Este impuesto castigará inevitablemente a las rentas sociales menos favorecidas, discriminando al consumidor en función del territorio, rompiendo la unidad de mercado y alterando las condiciones de competencia de las empresas.

Es inaceptable que se pongan en cuestión principios constitucionales y económicos básicos, castigando sectores estratégicos de la economía nacional, y gravando al ciudadano; y todo ello para poner en cuestión la salida de la crisis y el repunte de la economía.

Según ha afirmado el Director General de FIAB, Horacio González Alemán, “adoptada la decisión del Gobierno balear, sólo cabe plantear una acción ante los Tribunales”.