Representantes de la industria de la alimentación y bebidas, envasado, distribución, hostelería, comercio y gestión de residuos de envases (FIAB, ANGED, FEHR, ASEDAS, ACES, CEC, ECOVIDRIO y ECOEMBES) quieren alertar sobre la creciente ola impositiva que está surgiendo en diferentes comunidades autónomas que tienen como único objetivo tratar de cuadrar las cuentas públicas y superar el déficit fiscal de éstas poniendo en peligro la competitividad del país. A las tasas sobre los envases de Baleares y Canarias, habría que añadir los impuestos sobre las grandes superficies de varias autonomías o algunas otras figuras que gravan a determinados alimentos y bebidas sin justificación alguna.

Los sectores afectados alertan de que este incremento de los impuestos autonómicos penaliza al consumo en un momento un extremadamente delicado para la economía. En segundo lugar, el castigo fiscal lastra la competitividad de las empresas y, por tanto, la creación del empleo. Y, por último, también contribuye a una dispersión normativa que atenta contra la unidad de mercado, provocando grandes distorsiones y situaciones discriminatorias entre sectores y territorios.

Este colectivo advierte al Gobierno que estas medidas, que están adoptando algunas comunidades, castigarán más el bolsillo de los hogares, afectado ya por las recientes subidas del IVA y el resto de políticas de ajuste fiscal. El severo impacto sobre la actividad empresarial y el turismo se acabará trasladando inevitablemente al empleo de los sectores productivos y al consumo doméstico. Por todo ello, consideran injusta la penalización que está sufriendo el comercio y también la industria alimentaria.

En el caso de la nueva tasa para los envases de bebidas que propone el Govern balear, supone una doble imposición, dado que la gestión de los envases está ya garantizada mediante el pago del Punto Verde por parte de las empresas. Además, al gravar productos de la cesta de la compra tan básicos como el agua, esta tasa penaliza proporcionalmente a los hogares más numerosos y con menos recursos.

Según Horacio González Alemán, director general de FIAB, “desde este colectivo consideramos que no existen motivos legales ni medioambientales para la imposición de estas tasas. Mientras que se justifica su implantación por motivos medioambientales en ningún momento se ha especificado su finalidad, lo que desenmascara su naturaleza meramente recaudatoria”.

En este sentido, José Manuel Nuñez-Lagos, director general de Ecovidrio declara que “desde nuestra organización creemos que no tiene sentido la imposición de tasas a los envases y más aún cuando estas se pretenden justificar por razones medioambientales. Con este fin, la industria envasadora ya financia a los Sistemas Integrados de Gestión desde donde velamos, con la mayor eficacia y eficiencia, para que España cumpla con la normativa medioambiental Europea.”

Por su parte, Aurelio del Pino, director general de ACES, insiste en que “en la situación actual por la que pasan los ciudadanos y las empresas, entendemos que hay evitar cualquier penalización económica al consumo directa o a través de la imposición empresarial”. Si no, “junto a la caída del consumo se verán inevitablemente afectados numerosos puestos de trabajo por la imposibilidad de mantener la competitividad en el mercado de muchas empresas”, asegura Diana Tomey, representante de ANGED.

Para el secretario general de FEHR, Emilio Gallego, la imposición de esta tasa supone “una pérdida de competitividad de nuestro sector turístico con respecto a otros mercados. Esta tasa sumada a otras cargas fiscales supone un duro golpe para un sector que ya está empezando a resentirse por la actual coyuntura económica.”

Esta misma semana, este colectivo ha expresado sus alegaciones a esta medida y con este comunicado conjunto requiere a los poderes públicos que sean prudentes ante esta grave amenaza y que se mantenga la lógica del control del gasto público y no la proliferación de impuestos para cuadrar las cuentas públicas.