LA UNIÓ critica que a dos días del inicio oficial de la campaña citrícola 2012-2013, en la que ya se van cerrando tratos, todavía se siga con la tónica habitual de no usar el contrato de compraventa homologado del que dispone el sector para este tipo de transacciones.

LA UNIÓ recuerda que el uso del contrato de compraventa contribuye a la rentabilidad del productor y fundamentalmente a la transparencia en las relaciones comerciales, al dotar al citricultor de una defensa jurídica ante los, cada vez más, concursos de acreedores en los que caen muchos comercios citrícolas y que dejan en la estacada a los agricultores a los que no les paga el fruto del trabajo de todo un año. La organización agraria pone de manifiesto que este documento no se usa por las presiones de la parte comercial, que “sugiere” al citricultor que si pide este documento no le compra la fruta.

LA UNIÓ lleva años exigiendo a las administraciones, sobretodo a la Conselleria de Agricultura, que se condicione la concesión de ayudas públicas a los comercios citrícolas al uso del contrato de compraventa y además este ha sido uno de los principales puntos que se puso encima de las mesas de trabajo impulsadas por Martina Hernández a principios de año -de las que por cierto no se sabe absolutamente nada, ni menos de sus conclusiones para esta nueva campaña de comercialización – y al que se han opuesto siempre los representes de las empresas comercializadoras privadas de cítricos.

Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, apunta que “ya por el año 2010 la Conselleria de Agricultura realizó una campaña de divulgación con el fin de extender la implantación del contrato y el resultado es que prácticamente no se usa este documento, quedando el agricultor totalmente en manos de las decisiones de cualquier empresario sin escrúpulos y sin tener un marco jurídico que permita la defensa de sus intereses económicos”.

En esta línea, Mampel critica que “desde la Conselleria de Agricultura únicamente se hacen declaraciones de buenas intenciones, códigos de buenas prácticas comerciales o alguna campaña de promoción, pero en ningún momento coge el toro por los cuernos y obliga a los operadores comerciales a usar este documento si quieren acceder a fondos públicos de cualquier tipo”.