El gobierno británico tiene previsto crear un defensor del pueblo (“ombudsman”) dentro de la Comisión de la Competencia, que tenga como misión velar por el cumplimiento del código de buenas prácticas entre los mayores supermercados del Reino Unido y sus proveedores.

En mayo del año pasado, el Gobierno publicó una propuesta de ley para la creación del “Arbitro del Código de la Distribución” que tendría como misión arbitrar en las disputas entre proveedores y supermercados, investigar quejas anónimas y aplicar sanciones a los que incumplan.

Esta decisión vino como consecuencia de un dictamen de la Comisión de la Competencia en abril de 2008, que señalaba que las cuatro grandes cadenas de distribución (Tesco, Asda, Morrison y Sainsbury) se aprovechaban de su poder de mercado para ejercer acciones de competencia desleal sobre los pequeños proveedores.

En relación con la política de penalización, el gobierno es de la opinión que la mejor medida para hacer cambiar de actitud a una cadena de distribución es dañar su imagen pública difundiendo sus comportamientos anticompetitivos. No obstante, también si quiere regular la capacidad de imponer sanciones económicas.