La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha pide que se apliquen medidas para que los productos nacionales lleven etiquetado el lugar de procedencia de forma que el consumidor pueda elegir libremente, así como una política agraria nacional capaz de defender la preferencia de los productos españoles.

La importación de cordero francés por parte de algunos intermediarios en un momento en el que aumenta el consumo de esta carne por las fechas navideñas, está perjudicando tanto a los ganaderos castellano-manchegos por la presión a la baja de los precios, como a los consumidores por privarles de la información de su origen y, por ende, de la libre elección de una carne con una calidad suprema, como es la de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cordero Manchego, entre otras.

La carne del cordero nacional tiene unas cualidades diferenciales debido a la materia prima base de su elaboración, al medio natural y al método de elaboración, además de contar con una trazabilidad y garantías extraordinarias. El resultado de lo anterior es una carne con un valor considerable, con un aroma particular y fácil para la preparación culinaria de los platos más exquisitos para estas fiestas.

La práctica de importar carne de Francia no es ilegal pero sí inmoral, puesto que obliga a los ganaderos castellano-manchegos a vender con unos precios por debajo de los costes de producción, dejando en la cuerda floja la viabilidad de las explotaciones pecuarias, así como la de un sector estratégico para la economía regional.

Además, mientras que la Política Agraria francesa tiende a proteger sus producciones, de tal manera que en los lineales de los supermercados se encuentran claramente especificado el origen de sus productos, en España no se ayuda a divulgar la importancia que supone el consumo de alimentos nacionales, tanto por su calidad, como por el beneficio que revierte en la economía. Por ello, ASAJA de Castilla-La Mancha pide una Política Agraria nacional fuerte capaz de contemplar la normativa europea, pero también con un modelo que proteja y dé preferencia al sector agrario español.