Ante la situación de crisis por la que atraviesa el sector del olivar en Extremadura, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA-UCE Extremadura exige la activación del mecanismo de almacenamiento privado para el aceite de oliva, debido a que los precios de la misma ya han caído por debajo de los establecidos por la Unión Europea (1,779 €/k para el aceite virgen extra; 1,710 €/kg para el virgen y 1,560 €/kg para el lampante).

Hasta ahora, el argumento de la Comisión Europea para no activar este mecanismo era que los precios no habían alcanzado los mínimos establecidos por Bruselas, pero se están dando situaciones de precios más bajos, sobre todo en el aceite virgen, en las provincias de Córdoba y Granada.

Desde UPA-UCE creemos que el almacenamiento privado es la única posibilidad actual para rescatar al sector, estabilizando los precios ante el inminente comienzo de la campaña para que esta situación no tenga efecto en esta nueva campaña.

En el caso de la aceituna de mesa, se prevé una campaña con mayor producción que en 2010, es decir, superior a las 110.000 toneladas, dependiendo de la climatología y de si los agricultores recogen la aceituna, ya que el gran problema está siendo la caída tan pronunciada de los precios, así como el stock existente, que es similar a la cantidad que se espera recolectar este año.

Aceituna como la manzanilla cacereña, que se debería estar pagando entre 0,60 y 0,75 €/kg, cotiza en estos momentos a 0,40 €/kg, y la variedad carrasqueña a 0,35 €/kg. Unos precios inasumibles por los agricultores, que no llegan a cubrir los costes de producción y que están llevando a la ruina al sector.

Sin embargo, UPA-UCE pide prudencia al sector ya que, si no se recoge la aceituna de mesa por no ser rentable, este producto pasará al sector del aceite, con lo que sumiría a este último en un mayor problema.
Hay que recordar que no se pueden tomar medidas sin conexión entre la aceituna de mesa y el aceite de oliva, puesto que cualquiera de ellas afectaría al mismo mercado, que es conjunto. Cualquier solución posible tiene que ser válida para ambos sectores.

Para ello, UPA-UCE sigue pidiendo al Gobierno de España soluciones a esta crisis que pasarían por mejoras estructurales, tales como una regulación de la cadena agroalimentaria para que el sector disponga de mecanismos de negociación que permitan reequilibrar el mercado, así como al Gobierno de Extremadura para que convoque al sector, productores e industriales, para buscar soluciones a nivel regional.