El senador del PP por Tenerife, Antonio Alarcó ha lamentado el voto en contra del PSOE a una moción del Grupo Popular en la que se pedía “modificar el Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, con objeto de establecer plazos que concreten el período en que la Administración ha de resolver los expedientes sobre solicitudes, para la inscripción en el Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas, al objeto de garantizar el máximo de celeridad en el tratamiento de dichas solicitudes”.

Del mismo modo, la moción rechazada por los socialistas, instaba al Ejecutivo a “que dicha modificación del Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio contemple, que una vez vencido el citado plazo se considere silencio positivo y se tramite la solicitud de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas como si contase con informe favorable”.

La moción presentada y debatida por el senador popular, Antonio Alarcó no logró salir adelante con los votos del PSOE, aspecto que criticado el Alarcó ya que los socialistas demuestran una vez más un nula sensibilidad hacia las peticiones lógicas y necesarias como era la que desde el PP pedíamos para agilizar el tratamiento de las solicitudes de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.

A lo largo de su intervención el senador del PP ha explicado que, actualmente, las Denominaciones de Origen Protegidas y las Identidades Geográficas Protegidas están reguladas por medio del Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas (IGP) y de las indicaciones geográficas protegidas (DOP) y la oposición a ellas, dispone los mecanismos que han de arbitrarse para el mejor tratamiento de esta consideración para los productos alimentarios.

Del mismo modo, Antonio Alarcó ha precisado no obstante, que dentro del articulado del citado Reglamento, “no se dispone nada referente a los plazos que han de regir la tramitación de la consideración de IGP o DOP por parte de las Administraciones Públicas y eso va directamente en detrimento de la normal concurrencia de nuestros productos a subvenciones, ayudas y a su capacidad para competir con un valor añadido”.

Así, el parlamentario del PP por Tenerife ha advertido que la no fijación de plazos que concreten el período en que las administraciones han de resolver los expedientes de IGP o DOP remitidas por los productores, eterniza en muchas ocasiones los períodos. “Entendemos pues que es prioritario modificar la legislación en este sentido para garantizar que, en el contexto de economía y mercado globalizados, nuestros productos concurran con la máxima celeridad posible a los mercados internacionales a competir con los sellos de calidad que merecen”, ha remarcado.

Para finalizar, Alarcó ha afirmado que todo esfuerzo en el sentido de dinamizar nuestro sector primario es poco, en un período de profunda crisis económica y, medidas como esta, sin duda facilitarán la eficiencia de las administraciones públicas y por ende la economía de nuestra Nación.