Los regímenes de indicaciones geográficas instaurados en la UE desde 1992 han probado ser una herramienta de éxito, que proporciona información al consumidor y un valor añadido al productor. El número de inscripciones no ha dejado de aumentar en los últimos años, llegando a unas 3.000 en los 4 registros existentes.

No obstante se han observado algunos problemas. Uno de ellos es lo largo y costoso que es proceso de tramitación que hay que realizar para la inscripción de las indicaciones. Suele tardar un mínimo de unos 22 meses y tener un coste de unos 40.000 € (según las estimaciones de algunos Estados miembro).

El contar actualmente con 4 registros, uno de vinos y otro de vinos aromatizados (con 1.800 inscripciones en conjunto), otro de bebidas espirituosas (300 inscripciones) y uno Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (con 900 entradas) se ha visto como otro problema, debido a que genera confusión e impide que el consumidor reconozca claradamente los logotipos de la UE.

Por otra parte, para los pequeños productores de la UE, el actual procedimiento de certificación y el estricto pliego de condiciones requerido para garantizar la credibilidad del régimen, podría impedir su participación.

Ante este panorama, la Comisión Europea ha elaborado un documento de trabajo donde plantea una serie de opciones y sobre las que evalúa su impacto. Las opciones son:

– Racionalizar y refundir el instrumento de indicaciones geográficas (opción A).

– Agrupar los cuatro sistemas actuales del vino, los vinos aromatizados, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas y alimenticios en un solo marco legislativo, manteniendo las características específicas de cada sector (opción B).

– Crear un registro único de indicaciones geográficas protegidas a escala de la UE, en el que se introducirán los datos de los cuatro sistemas distintos actuales (opción C).

– Fusionar las dos definiciones («indicación geográfica» y «denominación de origen») en una sola (opción D).

– Autorizar la creación de sistemas nacionales de indicaciones geográficas (con derechos de propiedad intelectual correspondientes a las denominaciones nacionales o sin protección de las denominaciones) (opción E).

Según el documento de trabajo de la Comisión, la opción A permitiría agilizar los trámites (se podría pasar de 22 meses a 12), con lo que los productores podrían obtener un rendimiento más temprano de sus inversiones.

Con la opción B (fusionar los cuatro regímenes) se ganaría en simplificación pero los sectores del vino y las bebidas espirituosas han mostrado su preocupación, teniendo en cuenta que estos regímenes se han adoptado hace poco, como regímenes diferentes del régimen aplicable a los productos agrícolas y alimenticios.

La opción C de un registro único, en el que se introducirían datos de cuatro marcos legislativos, se ve menos traumática que la B y se ganaría en notoriedad de las denominaciones protegidas y en la eficacia de las medidas de protección.

La fusión de los instrumentos «DOP» e «IGP» (opción D) supondría la pérdida de las inversiones en comercialización y comunicación de la identidad DOP efectuadas por productores y titulares de derechos.

La opción E de creación de un registro nacional se pensó de cara a los pequeños productores, pero se cree que no resuelve los problemas cruciales que plantean los costes, las cargas derivadas del cumplimiento de la normativa y los requisitos estrictos.

Resumiendo, de cara a ofrecer un mejor información al consumidor, las opciones que mejoran la situación con respecto a la actual son la A, B y C, así como la E (pero sin prote4cción de las denominaciones).

De cara a presentar un planteamiento único y simplificado, las opciones B y D mejoran la situación.

En cuanto a garantizar el respeto uniforme de los derechos de propiedad intelectual, son las opciones A, B y C las que mejorarían la situación.