LA UNIÓ de Llauradors demanda una reciprocidad en materia medioambiental o fitosanitaria entre la Unión Europea y aquellos países terceros con los que firma acuerdos comerciales donde se incluyen productos agrícolas, a la vez que exige el cierre de las importaciones cuando se detecte algún tipo de anomalía o se incumplan.

LA UNIÓ pide en este sentido a las autoridades españolas y europeas que no suscriban ninguno de estos acuerdos, y que se revisen los ya firmados, mientras no exista el mismo trato en cuanto a las condiciones medioambientales y sanitarias entre unos y otros países, ya que se produce una clara desventaja al respecto en detrimento de los productores comunitarios.

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) publicó la pasada semana que se habían detectado en supermercados de Suecia diversos lotes de tomates procedentes de Marruecos con procimidona, una sustancia activa fungicida que la UE prohíbe su uso en tomate desde hace años para los productores de su ámbito territorial.

A juicio de LA UNIÓ es totalmente ilógico e irracional que la Unión Europea limite a sus productores ciertas condiciones medioambientales o el uso de productos fitosanitarios, mientras permite que los productos de terceros países lleguen a los mercados europeos con todo aquello que aquí se prohíbe. Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ de Llauradors, indica que “la Unión Europea trata de una manera muy discriminatoria a sus productores y pone la alfombra roja a los de otros países como es el caso de Marruecos a los que no se les reclama las mismas garantías sanitarias y medioambientales”.

El hecho de que los tomates marroquíes con un fungicida prohibido hayan sido interceptados en supermercados pone de manifiesto que los controles en frontera y puntos de entrada dejan mucho que desear, por lo que cabe exigir un mayor refuerzo y vigilancia de los mismos.

LA UNIÓ suscribe el punto quinto de la Declaración Institucional del sector español productor y exportador de frutas y hortalizas, firmada hace unos meses por la consellera de Agricultura, Maritina Hernández y por sus homólogos de Andalucía, Canarias y Murcia, que dice textualmente que “ha de exigirse reciprocidad respecto a las condiciones de producción de los terceros países, en cuanto a los aspectos fitosanitarios, medioambientales y sociales, siendo imprescindible incluir esta cuestión en el Acuerdo con Marruecos. De lo contrario supondría una discriminación para los productores españoles en el mercado comunitario”. LA UNIÓ anima a todas estas comunidades autónomas a dar la cara hasta el final y presionar ante el Gobierno español para que finalmente se contemple lo anterior en los acuerdos con terceros países.