La Comisión Europea está debatiendo con los Estados miembro como podría ser la herramienta de gestión de riesgo que se podría incluir en la futura PAC, con el fin de amortiguar la pérdida de ingresos de los productores por la volatilidad del precio de las materias primas. Este fue uno de los temas que se trató en el Comité Especial de Agricultura de la pasada semana.

Aunque inicialmente la Comisión consideraba que podría ser una medida aplicada a nivel comunitario, ahora es de la opinión que sería muy difícil su implantación a este nivel, dada la gran variabilidad de riesgo entre los Estados miembro. En su opinión, tendrían que ser los Estados miembros los que decidieran o no la aplicación de este seguro de rentas, en función de que la relación coste/beneficio resultara interesante. Para los productores, también tendría que tratarse de suscripción voluntaria. . Este seguro podría ser cofinanciado entre la UE y los Estados miembro, así como también por el productor.

La Comisión también considera que esta herramienta de gestión de riesgo debería ser compatible con la caja verde de la OMC, poniéndose en marcha para pérdidas de renta a partir del 30% y compensándose un máximo del 70% de dicha pérdida.

Dada la flexibilidad que necesita está medida, tanto en presupuesto como en su carácter de aplicación voluntaria, debería estar incluida en el segundo pilar y no en el primero.

España coincide con la Comisión en que esta herramienta no se puede aplicar a nivel comentario. Apoya que sea una herramienta voluntaria, de manera que los EEMM puedan desarrollar proyectos piloto para evaluar la relación coste/eficacia. No obstante, querría contar garantías de la continuidad del sistema de aseguramiento implantado en España.

Con respecto al posicionamiento del resto de países, muchos han mostrado sus dudas sobre el sistema que se plantea de cara a la dificultad de su aplicación, a la ausencia de datos, a como compensar la pérdida de renta inferior al 30%, entre otras cuestiones. Por el contrario, otros como Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Reino Unido se han manifestado claramente reacios a esta herramienta, y han mostrado su preferencia a que se siguiera trabajando en la línea del artículo 68.