Las cooperativas y las empresas privadas de transformación del tomate están en conflicto, desde que la Comisión Europea manifestó su intención de modificar el Reglamento 1580/2007, lo que supondría un recorte de la ayuda comunitaria a las cooperativas constituidas en Organización de Productores. Estas últimas, en su doble calidad de productores y transformadores, el año pasado han elaborado 1,3 millones de toneladas de tomate, equivalente al 22,8% de las entregas totales declaradas por las Uniones de Productores.
Mientras que las empresas privadas (que no siendo OP no reciben la ayuda de la UE) han elaborado más de 4,4 millones, equivalentes al 77,2% del total.

Bruselas aún no ha tomado una decisión y las últimas noticias confirmarían que el Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, está dejando pasar el tiempo. Entretanto, el Comité de Gestión ha aplazado a julio la modificación de la norma, según publica el Boletín Exterior del MARM.

A un mes del inicio de la campaña de transformación del tomate y sin saber a ciencia cierta hacia donde va ir la modificación, las cooperativas y las industrias italianas mantienen posiciones encontradas.

Algunas industrias piensan que estas ayudas distorsionan la competencia y que se debería ir a actuaciones que protegieran a los agricultores y no a las organizaciones. Otras piensan que las cooperativas no deberían ser las únicas beneficiarias de las ayudas.

El presidente de la Confederación General de las Cooperativas Agrícolas Europeas (COGECA) defiende que la filosofía de la reglamentación comunitaria al respecto (Reglamento básico de 1997, modificado en 2007) es que las OP son la clave del sistema para proyectar a las empresas en el mercado, por lo que la posición en contra adoptada ahora por la industria privada penalizaría a los agricultores.